
La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento judicial gratuito, asistencia especializada y atención psicológica para las víctimas de 'okupación' en la región. Así consta en el protocolo de actuación frente a la okupación ilegal de las viviendas que ha firmado la presidenta con los decanos de los colegios de abogados y procuradores. Díaz Ayuso ha avisado de que, aunque el Ejecutivo autonómico carece de competencias para solucionar esta lacra, no va a "ponerse de perfil".
En un acto en la Real Casa de Correos, la presidenta madrileña ha dado a conocer que los afectados podrán recibir de manera inmediata ese asesoramiento jurídico gratuito por parte de los abogados de los colegios de Madrid y de Alcalá de Henares, además de recibir atención psicológica gratuita por parte de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid, donde se pondrá especial atención a personas de mayor vulnerabilidad.
Para atender estas demandas, el Gobierno de Ayuso creará un nuevo servicio especializado sobre okupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, estableciéndose un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación para que las víctimas puedan recibir al instante esta ayuda.
La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los okupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. "Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad", ha enfatizado Díaz Ayuso.
La presidenta regional ha alertado además de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. "Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos", ha añadido.
En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. "Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales", ha manifestado.
Díaz Ayuso ha destacado que, desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el teléfono 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, periodo en el que 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones.
"Políticas bolivarianas"
Ayuso ha avisado también de la "pérdida de alquileres" en España tras dos años de la Ley de Vivienda, a la vez que ha asegurado que "con las políticas bolivarianas se pierden décadas de avances y el daño es irreparable". En este sentido, la mandataria madrileña ha criticado que "se anule a los mejores subsidiando, empobreciendo y haciendo al ciudadano dependiente de los favores del poder".
"Ayer mismo nos enteramos de que España ha perdido 120.000 alquileres en dos años desde la aplicación de la Ley de Vivienda, que arrendar una casa cuesta hoy un 26% más que antes de la norma. Porque, cuando se llevan a políticas bolivarianas sin ley, son lo mismo siempre: apagones, escasez, mercado negro, huida de empresas, infiernos fiscales", ha asegurado.
Ayuso ha censurado que "se normalice el crimen y se criminalice la vida normal", además de criticar que "se premie a quien delinque y se castigue a las familias que son víctimas de ocupación".
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