El Gobierno estrecha el cerco sobre las viviendas de uso turístico (VUT). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado más de 15.200 inmuebles irregulares en Madrid; una cifra que califica de "muy preocupante", y por la que ha pedido al Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida que retire de internet los anuncios de dichas viviendas.
En concreto, el departamento ministerial ha entregado un informe al Ayuntamiento de la capital en el que detalla que han identificado un total de16.335 viviendas turísticas anunciadas en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias concedidas por el Ayuntamiento, según el Plan RESIDE presentado a finales del pasado año. Ese desfase de cifras arrojaría un resultado de 15.204 alojamientos irregulares.
El informe incluye las direcciones exactas de los pisos, miles de URL con los anuncios, información sobre el anfitrión, el tipo de alojamiento o estancia que se ofrece; todos son datos que permiten identificar a los propietarios para que el Ayuntamiento pueda poner en marcha acciones que lleven al cese de su actividad y procedimientos sancionadores. Asimismo, Consumo señala que la capital es "una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales" y reclama "una actuación decidida por parte del Consistorio".
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha pedido públicamente de forma reiterada que todas las administraciones competentes intervengan para poner fin a estas posibles actividades ilícitas que, según ha denunciado, "está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía".
El ejemplo de otras ciudades
En esta línea, Consumo ha hecho un llamado al Ayuntamiento de Madrid para que adopte medidas similares a las de otros gobiernos locales que han logrado frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales. En concreto, Bustinduy ha citado el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que ha conseguido retirar miles de anuncios ilegales y devolver muchas viviendas al mercado del alquiler para residentes. Además, ha destacado el modelo del Consell de Ibiza, que ha implementado medidas eficaces para identificar y eliminar los anuncios ilegales de alojamientos turísticos, agilizando las inspecciones y sanciones.
La investigación llevaba a cabo por la Unidad de Análisis de Consumo se inscriben en el marco de las competencias del propio Ministerio, que también ha abierto varios expedientes sancionadores a plataformas de alquiler y grandes gestoras de pisos turísticos. En diciembre de 2024, sancionó a una plataforma por no cumplir con la normativa sobre la publicidad de licencias, y en febrero de 2025, inició otros procedimientos contra grandes gestoras por falsear su actividad profesional.