Barcelona
El nuevo régimen sancionador de la ley de vivienda aprobado por el Govern, diseñado entre otras razones para perseguir el uso fraudulento del alquiler de temporada, ha evaporado la oferta de este tipo de arrendamientos en Barcelona y su área metropolitana. Según reconoció el director de la Agencia Catalana de Consumo, Isidor García, la primera oleada de inspecciones en inmobiliarias no ha detectado ni un solo anuncio de alquileres temporales. El alto cargo de la Generalitat hizo estas declaraciones en el marco de una jornada organizada por Enfoque XXI en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Tras realizar unas 40 inspecciones en la Ciudad Condal y las principales ciudades de su conurbación "no se ha encontrado ninguna oferta de arrendamiento de vivienda de temporada". "Detectamos una contención, no una parálisis", puntualizó García.
Esta "retracción" podría deberse, según argumentó, a que las firmas colocan con mucha rapidez las unidades destinadas a alquiler de temporada. También podría vincularse al hecho de que muchos propietarios "prefieren vender antes que alquilar" o al efecto disuasorio provocado por la entrada en vigor del régimen sancionador. "Los escaparates están vacíos [de alquileres de temporada]", resumió.
En todo momento, el director de la agencia pública indicó que se trataba de un muestreo inicial que, al término de su ejecución, habrá realizado unas 100 inspecciones en empresas inmobiliarias de la zona. La tarea de vigilancia se llevará a cabo con una decena de inspectores.
García también explicó que para controlar la observancia de la normativa será importante que los arrendatarios presenten "denuncias" en caso de que sufran presuntos fraudes, como cargarles el cobro de los honorarios en contratos de vivienda habitual.
Multas de hasta 900.000 euros
El régimen sancionador, pactado entre el PSC y los comunes, contempla una batería de multas que van de 90.001 hasta 900.000 euros. Las sanciones se impondrán en caso de fijar la renta un 30% por encima del tope marcado por el índice de precios de referencia, en caso de suscribir un contrato sin finalidad —este supuesto va encaminado a perseguir el uso fraudulento del alquiler de temporada— o bien por cargar gastos de gestión al inquilino.
Al mismo tiempo, incluye una modificación del Código de Consumo catalán para castigar la realización de prácticas abusivas por parte de las empresas o profesionales que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios.
La aprobación de esta medida fue la condición impuesta en su momento por el partido que lidera Jéssica Albiach para seguir negociando los presupuestos autonómicos, actualmente prorrogados. Pese a que el ejecutivo autonómico renunció a renovar las cuentas ante la negativa de ERC, el PSC acordó de todos modos las penalizaciones por incumplir la ley de vivienda.
A raíz de la aplicación de los topes al alquiler convencional, se detectó un repunte de los alquileres de temporada como salida usada por los propietarios para escapar del control de precios. Actualmente, el control de precios rige en 271 municipios donde viven más de siete millones de personas, el 90% de la población que reside en la comunidad.