La reforma de la ley del suelo vuelve al Parlamento. El Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley impulsada por el Grupo Vasco que en esencia busca blindar los proyectos urbanísticos reforzando el papel de las comunidades autónomas. La propuesta se discute nueve meses después de la reforma fallida del Gobierno (retiró su medida minutos antes de la votación para evitar un nuevo fracaso parlamentario) y al igual que ocurrió la primera vez, los apoyos están el aire, sólo Sumar ha avanzado su voto en contra.
Según justificó el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, la Ley del Suelo que llevará el PNV al pleno es muy similar a la propuesta de los socialistas. "No le sorprenderá que la valoración del texto sea muy parecida a la que ya hicimos en su día. Tenemos dos objeciones de fondo a la ley", dijo. Según el dirigente, la reforma es "propia de las políticas fracasadas de hace 20 años" y de políticas en vivienda que "no funcionaran, cuando lo efectivo es intervenir el mercado inmobiliario".
El resto de grupos no ha desvelado su sentido del voto, pero todo apunta a que será bastante complicado que la proposición reúna la mayoría simple necesaria para avanzar en su trámite parlamentario. Desde el Partido Popular, que a finales de enero registró su propia Ley del Suelo en el Senado y que podría ser decisivo en la votación, consideran que el texto firmado por el PNV es "puramente cosmético, blindando la intervención del mercado, el establecimiento de zonas las tensionadas, el control de precios, la ocupación y la inkiocupación".
Precisamente, los de Feijóo recuerdan su propuesta es "completamente distinta" a la de los vascos, ya que apuesta por derogar las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de los alquileres establecidos en la ley de vivienda. Además, su texto también incluye el silencio positivo para que la falta de emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes no paralicen un proceso de urbanismo.
En cuanto a Podemos, Junts y Esquerra Republicana presentaron enmiendas a la totalidad. La proposición que se vota esta jornada lleva la firma del PNV, aunque inicialmente se presentó de forma conjunta con el PSOE en junio de 2024; sin embargo, el grupo socialista retiró su firma tres meses después.
Claves de la reforma
El texto que se debate en sesión plenaria introduce varias modificaciones respecto a la reforma impulsada en solitario por el Ministerio de Vivienda. Una de las principales novedades es que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán ajustarse a los términos que dispongan las normativas autonómicas. Además, la propuesta permite que estos instrumentos sean modificados o sustituidos bajo los criterios establecidos por las comunidades autónomas, reforzando así el papel de estas en la regulación urbanística.
"Los municipios pueden tardar varias legislaturas en realizar un Plan General de Ordenación Urbanística, y que un defecto de forma subsanable eche al traste el trabajo, el dinero y el futuro urbanístico de un municipio no es aceptable", destacaba la diputada jeltzale Maribel Vaquero, el pasado mes de junio al registrar la propuesta. "La nulidad de los planes retrasa la construcción de dotaciones tan importantes como centros de salud o equipamientos municipales, además de viviendas", añadió.
Otro punto de la reforma es la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Esta medida busca evitar que ciertos grupos o individuos, utilicen la legislación vigente para presentar reclamaciones con la intención de obtener compensaciones económicas a cambio de retirar sus denuncias.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido en reiteradas ocasiones la importancia de la reforma de la ley del suelo calificándola como una "ley necesaria y muy urgente" para el sector. Además, la semana pasada retó a Feijóo a dar su apoyo a la medida. "La normativa ya no lleva la firma del PSOE, ahora es del Partido Nacionalista Vasco, ¿está dispuesto el Partido Popular a seguir boicoteándola?", dijo. Según Rodríguez, se trata de una ley que agiliza los trámites urbanísticos y que por tanto acelerará el proceso de construcción de viviendas. "Confío y espero que los grupos parlamentarios le den el visto bueno y que sea cuanto antes una realidad", concluyó.
