La nueva empresa pública de vivienda y suelo que prepara el Gobierno y que parte de una reconversión de la actual sociedad estatal de suelo, Sepes, se nutrirá de la cartera residencial de Sareb. Si bien, actualmente, casi la mitad de las 40.000 unidades que va a heredar del conocido como banco malo se encuentran ya habitadas.
Concretamente, algo más de 19.000 viviendas están ocupadas bajo distintos fórmulas. La mayor parte de estas, unas 8.300, se destinan a día de hoy a alquiler social dentro del programa que lanzó Sareb en esta línea hace tres años, por lo que no son viviendas nuevas que saldrán al mercado de renta social, puesto que actualmente ya están cumpliendo esa función.
Sareb, que nació en 2012 tras el estallido de la burbuja para salvar al sistema financiero español aglutinando los activos inmobiliarios fallidos, cambió en 2022 su estrategia de gestión frente a la okupación de los inmuebles, diferenciando los casos de familias vulnerables de los de personas que okupan sus viviendas teniendo la capacidad financiera como para pagar precios de mercado. En este contexto y tras tomar el Frob la mayoría del capital de Sareb, puso en marcha un Programa de Alquiler con Acompañamiento que ha convertido a Sareb en un importante actor dentro del alquiler social en España.
Así, la compañía ha alcanzado la cifra de 8.300 alquileres sociales y mantiene otras casi 1.700 viviendas cedidas en convenio a administraciones públicas para este mismo fin, según los últimos datos actualizados al cierre del tercer trimestre de 2024.
Estas últimas forman parte de las más de 19.000 que tienen que pasar a manos de la nueva empresa estatal de vivienda y suelo y que están habitadas.
Viviendas okupadas
Por otro lado, alrededor de unas 3.400 se encuentran okupadas por familias consideradas no vulnerables o que "no quieren colaborar". Según explicó en su momento Javier Torres, presidente de Sareb, la cartera de viviendas okupadas es un problema para la sociedad, ya que no solo "no genera ningún ingreso", sino que los inmuebles suelen sufrir una "acusada degradación" en el entorno vecinal y también en las propias viviendas. Además, la sociedad pública tiene que seguir haciendo frente a los gastos del IBI, comunidades de vecinos, etc.
Estas viviendas también forman parte de las 40.000 que se van a traspasar a la empresa estatal de vivienda y suelo, si bien pasará un tiempo hasta que puedan ser utilizadas para alquiler social ya que primero debe resolverse el proceso judicial de desahucio y después muchas de las viviendas deberán ser acondicionadas.
Por otro lado, y para completar la cartera de las 19.000 unidades, se encuentran las viviendas que están actualmente alquiladas a precios de mercado y que rondan las 5.000 unidades. Se trata de pisos que cuando llegan a manos de Sareb cuentan con un contrato de alquiler vigente al que la sociedad se subroga hasta la finalización del mismo y llegado ese momento Sareb ofrece la opción preferente de compra al inquilino del inmueble. Por tanto, la nueva empresa pública deberá esperar hasta la finalización de estos contratos para poder disponer de las mismas.
Primer traspaso
Según lo explicó PedroSánchez, presidente del Gobierno, el lunes durante el anuncio de las 12 medidas en viviendas, "en el primer semestre del año esta empresa empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas de Sareb. Unas 13.000 unidades serán incorporadas de manera inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente".
Entre esas 13.000 unidades se encuentran las 8.300 que actualmente se destinan a alquiler social y que ya están habitadas con rentas mensuales de unos 200 euros al mes para familias vulnerables.
El resto son viviendas que permanecen clasificadas como libres y que estaban hasta ahora a la venta en la página web de Sareb.
Además de la inyección de las viviendas del banco malo, Sánchez concretó también que se va a establecer un "mecanismo legal para que esta nueva empresa tenga prioridad en la compra de vivienda y de suelos con carácter supletorio respecto al derecho de las CCAA".
Asimismo, anunció que "se blindará la vivienda protegida, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública".
"Con esto pretendemos que todo lo que se construya o se rehabilite con el dinero público siga siendo siempre de los españoles y españolas y que no acabe nunca en manos de los fondos buitre y grandes especuladores como ocurrió con el Partido Popular", detalló el presidente del Gobierno.