Vivienda - Inmobiliario

Paloma Martín (PP): "Sánchez tiene secuestrada en el Congreso la ley para echar a los okupas en 24 horas"

  • "La intervención de los alquileres ha llevado a que 80.000 pisos salgan del mercado"
  • "Moncloa solo va de promesa en promesa, sin concretar nada y sin rumbo claro"
Paloma Martín, Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y responsable de Vivienda

"Estamos ante un mercado de la vivienda totalmente roto por las políticas de Sánchez". Así de contundente se muestra Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, durante una entrevista concedida a elEconomista.es en vísperas de la reunión que mantendrá el líder popular Alberto Núñez Feijóo con los barones del partido este fin de semana, para responder a las medidas que Moncloa anunciará en este ámbito el lunes.

Martín alerta de que "estamos en una situación de emergencia y se necesitan medidas muy concretas para poder revertirla". Una de las líneas claves de actuación para Martín es aportar seguridad jurídica a este mercado en el que participa una gran parte de la población, propietaria del 95% de los pisos en alquiler.

En este sentido, la responsable de Vivienda del Partido Popular denuncia que el Gobierno está "secuestrando en el Congreso", desde hace casi un año, la "ley antiokupación que se aprobó en el Senado" a propuesta del PP y que permitía el desalojo de los okupas en apenas 24 horas.

"El próximo mes de febrero hará un año que la ley de antiokupación, que se aprobó en el Senado, está secuestrada por la señora Francina Armengol", reprocha Martín, que asegura que la presidenta del Congreso de los Diputados está "prolongando sine die el periodo de presentación de enmiendas parciales".

"Se aprobó en febrero con mayoría absoluta, pero Armengol hurta a los diputados la posibilidad de debatir esta ley y está haciendo lo mismo con otras 14 leyes que están ahora mismo paralizadas en el Congreso", concreta Martín. La medida clave de esta ley era el desalojo de los okupas en 24 horas y también el incremento de las penas, "no solo para los que comenten la okupación, también para las mafias que la alientan".

Por otro lado, la responsable de Vivienda del PP cree urgente "reformar la ley de vivienda", ya que es "en buena medida culpable de la situación que se ha generado de escasez de vivienda". "Al intervenir el mercado del alquiler lo único que ha logrado es vaciar el mercado de viviendas". Se han perdido, asegura, "80.000 pisos y además se ha blindado a los inquiokupas".

"La vivienda es ahora una cuestión de Estado que necesita ser enfrentada con todos los medios posibles. El Gobierno ha dado todos los pasos en la dirección equivocada hasta estrangular el mercado y llevar el precio del alquiler a máximos históricos, favoreciendo que se produzcan entre 15.000 y 17.000 delitos anuales relacionados con la okupación y los propietarios tienen miedo y por eso retiran sus viviendas del mercado", destaca Martín.

Concretamente, el precio del alquiler cerró el pasado año con un incremento medio del 11,5%, según los datos del portal inmobiliario Idealista. Si bien este encarecimiento ha sido más pronunciado en las grandes capitales con crecimientos del 15,3% en Madrid y del 13,9% en Barcelona, que pese estar declarada como zona tensionada bajo el paraguas de la ley de vivienda, se mantiene como la capital más cara para alquilar una vivienda con un precio medio de 23,4 euros por m2.

"Desde el Partido Popular tenemos el compromiso de establecer la vivienda como eje prioritario de actuación" y por eso el primer problema a tratar en la reunión que se celebrará este fin de semana en Asturias entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y todos los presidentes autonómicos "será la vivienda", ya que "se ha convertido en una cuestión de Estado que tienen una enorme magnitud".

Así, Martín explica que durante el fin de semana se pretende llegar a acuerdos con los distintos gobiernos regionales en esta materia y sentar las bases sobre las que trabajarán con el fin de construir miles de viviendas sociales y asequibles sobre suelos dotacionales en desuso mediante colaboración público privada. El objetivo pasa por movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, para que se aumente de forma considerable la oferta de vivienda tanto en compra como en alquiler.

La responsable de Vivienda del PP recuerda que "el pasado diciembre en las encuestas, la vivienda apareció como primera preocupación de los ciudadanos. Cuando Sánchez llegó al Gobierno estaba en decimosexto lugar". "Los ciudadanos ven ahora la vivienda inaccesible, cuando siempre ha sido la hucha de las familias y daba tranquilidad en el futuro. El PP es consciente y por eso llevamos meses trabajando con una propuesta muy ambiciosa en materia de vivienda en la que nos centramos en facilitar el acceso a los jóvenes y en dar seguridad jurídica", destaca.

La necesaria ley del suelo

Martín alerta sobre el hecho de que no haya una propuesta de reforma de la ley del suelo. "Actualmente, la normativa permite que planeamientos urbanísticos que se aprobaron hace unos años después sean invalidados en cascada. Eso genera tal inseguridad que en 2023 la inversión en construcción y rehabilitación disminuyó un 30%", detalla Martín. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible recuerda que el PSOE retiró su reforma en mayo por falta de apoyos y después registró una proposición de Ley que también fue retirada en septiembre.

"La ley del suelo lastra la producción de vivienda, pero Sánchez no tiene iniciativa. Es fundamental para dar seguridad jurídica en dos ámbitos: evitar nulidades de los planeamientos urbanísticos y reducir el infierno burocrático y exigir que se emitan los informes en plazo", destaca.

Sobre la creación de una empresa Estatal de Vivienda, Martín destaca que "Sánchez va de propuesta en propuesta sin concretar nada y sin un rumbo claro. El PSOE ha tomado la deriva populista y compiten en radicalización con sus socios. Un día acaban con los pisos turísticos, otro día crean una empresa pública de vivienda, cuando ellos ya tienen el mayor parque de suelo mediante Sepes, Adif, Renfe y los Ministerios de Defensa y del Interior. También es uno de los grandes propietarios a través de Sareb y sin embargo no es capaz de ofertar ninguna de las 184.000 viviendas que lleva anunciando desde hace años", denuncia Martín. "Esta no es una cifra cualquiera. Es la vida de muchos jóvenes que no encuentran en este Gobierno respuestas a sus necesidades de vivienda".

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