La Comunidad Valenciana reduce de un plumazo un tercio de sus viviendas turísticas

La Comunidad Valenciana está a punto de reducir en 34.000 las viviendas turísticas registradas legalmente en su territorio, casi una tercera parte del número que figuraba en su registro oficial, con la puesta en práctica de su nueva normativa autonómica para estos alojamientos.

La Dirección General de Turismo de la Generalitat ha anunciado que iniciará en enero el proceso para dar de baja a más de 34.000 viviendas de uso turístico de su registro, al no constar los datos esenciales de estas, además de documentación preceptiva requerida en la nueva normativa que entró en vigor el pasado verano.

Se trata del decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto aprobado por el Gobierno autonómico y que el propio presidente valenciano bautizó como 'Ley Montes', por la consellera responsable que apenas unos meses después tuvo que dejar el cargo por las consecuencias de sus declaraciones en plena crisis de la DANA. La norma que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico daba de plazo hasta finales de año para que esta tipología de vivienda aportase ciertos requisitos y datos necesarios, como la referencia catastral, entre otros.

Con esta medida, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ya sin Nuria Montes al frente depurará buena parte del registro de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana, en el que se habían inscrito hasta las 101.205 viviendas a fecha de 18 de diciembre de 2024.

La nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha recordado que "este registro creció de manera incontrolada durante los ocho años de Gobierno del Botànic, con un incremento de más del 160% y un registro en el que no había ningún control sobre aquellos establecimientos que no contaban con los datos y documentos esenciales, que imponía la propia Ley de Ocio y Hospitalidad de 2018, aprobada por el tripartito de izquierdas".

Casi la mitad no cumplían los nuevos requisitos

De hecho, y según las comprobaciones realizadas por los técnicos de turismo, 47.159 viviendas de las más de 100.000 que componían el registro no contaban con datos esenciales y preceptivos y que la nueva normativa aprobada el mes de agosto ha obligado ahora a revisar. Desde Turisme se ha realizado en los últimos meses "un enorme esfuerzo de gestión" para abrir varios procedimientos extraordinarios y regularizar la situación de este parque de vivienda con carácter previo a la migración.

Así, se ha contactado con más de 1.400 empresas gestoras de viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, informándoles de la situación, y se ha desarrollado un proceso simplificado y excepcional para completar los datos esenciales. Para ello se han remitido 22.000 comunicaciones a titulares de viviendas, y organizado un operativo para su gestión y atención de consultas. "El resultado ha sido que se han podido completar los datos esenciales de aproximadamente 12.700 viviendas de uso turístico, el 12,5% de las inscritas", ha agregado la consellera.

"El trabajo ha sido ingente, pero a principios de año contaremos con un registro depurado, fiable y con el que podemos trabajar sabiendo de forma precisa qué parque de vivienda turística real está activo". Cano ha recordado también que esta tipología de alojamiento tendrá que renovar cada cinco años la licencia, y que esta se tendrá que volver a solicitar en caso de que se produzca una operación de compraventa o cambio de propietario, "acabando con la especulación que se producía al otorgar esta clasificación de por vida".

Según la consellera, frente a esta regulación "votaron en contra PSOE y Compromís, al igual que contra exigir a las nuevas viviendas registradas que acrediten que las comunidades de vecinos no habían prohibido su actividad, que se mejoren las condiciones de habitabilidad y de calidad de este subsector o dar a los propietarios instrumentos para echar a los inquilinos molestos".

Asimismo, Cano ha manifestado que el Consell ya ha aprobado el convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que permitirá "ceder a los ayuntamientos que así lo requieran las competencias en materia de inspección, sanción y recaudación de viviendas turísticas" mientras que, paralelamente, se ha reforzado la inspección desde el Gobierno valenciano, con un incremento de inspecciones en 2024.