Millenium Hospitality Real Estate y su ex CEO, Javier Illán, entierran el hacha guerra. La Junta General Extraordinaria de la socimi celebrada esta mañana ha aprobado el acuerdo transaccional que pone fin a las controversias, reclamaciones existentes y a los procedimientos judiciales en curso entre las partes.
El acuerdo implica que Millenium transmitirá a sociedades vinculadas con Javier Illán la posesión y propiedad de las fincas situadas en El Palmar (Cádiz) y el proyecto inmobiliario en Córdoba, por los que Illán abonará a la compañía 18 millones de euros en total.
Estos activos, tal y como se informó en el Plan Estratégico 2024-2027, se han catalogado como no estratégicos para la compañía y su valor, según se desprende la última valoración de experto independiente a 31 de diciembre suma 6,3 millones de euros. Esto supone un beneficio en el consolidado de 11,7 millones de euros.
Primer dividendo en 2025
Para Millenium, "el acuerdo ratificado esta mañana permite superar los hechos que provocaron el ejercicio de la acción social y centrar todos los esfuerzos de gestión en la implementación de la estrategia de la sociedad". Y que no es otra que "la apertura y el reposicionamiento de los hoteles pendientes de entrada en operación, la mejora de la rentabilidad del negocio, y el énfasis en la sostenibilidad, con el único objetivo de maximizar la rentabilidad para sus accionistas".
Como fue comunicado en su momento por la sociedad como consecuencia de los trabajos de auditoría interna y las investigaciones consecuentes puestas en marcha por el Consejo de Administración, "se conocieron determinadas actuaciones que podrían ser contrarias al interés social y al cumplimiento de los deberes de Javier Illan, hasta entonces Presidente y administrador, que provocaron su salida".
Concretamente la compañía explicó en su momento que Illán no comunicó "una situación de conflicto de intereses" y le acusó de "no haberse abstenido en la toma de decisión y ejecución de una operación afectada por dicho conflicto". Así, señalaron que tenía conflicto de interés a través de un préstamo hipotecario, en una finca en El Palmar, en Vejer de la Fronter (Cádiz) que la socimi compró sin que el directivo lo hubiera comunicado.
Tras la realización de un informe forense por parte de KPMG y la obtención de los dictámenes jurídicos pertinentes, la sociedad presentó una querella contra el Sr. Illán y otras personas, así como, la propuesta a la Junta de accionistas del ejercicio de la acción social de responsabilidad.
La Junta General del pasado 21 de junio aprobó el ejercicio de la acción social de responsabilidad y, al mismo tiempo, a propuesta de una accionista que fue mayoritariamente respaldada, instruyó al Consejo para que entablase una negociación con Javier Ilán para tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para el interés social de la sociedad y, en el caso de alcanzar dicho acuerdo, lo sometiese a la ratificación de la Junta General de la socimi.