"Hay que abordar con eficacia la actual crisis habitacional". Es la reivindicación que la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) eleva para este nuevo curso político. A su entender, el Ejecutivo debería aprobar "nuevas y urgentes medidas" destinadas al alquiler, un mercado que en los últimos años ha sufrido una gran transformación al calor de la actuación intervencionista del Gobierno, con la ley de vivienda como máximo exponente.
Actualmente, el precio de las rentas está en máximos históricos presionado por la escasez de oferta y la elevada demanda. De hecho, los últimos datos de la federación concluyen que la oferta de alquiler de larga temporada se hundió un 37,2% en el último año, mientras que la demanda creció un 20,23%.
Para aliviar esta situación, desde FAI propone extender los avales ICO al mercado del alquiler, lo que dotaría de seguridad a los pequeños propietarios frente al impago de renta y ante la actual demora en los procesos judiciales de desahucio. "La implementación de un aval público exprés para alquileres proporcionaría cobertura y seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, complementando o sustituyendo las pólizas de alquiler existentes", dicen.
Asimismo, esta garantía adicional también incentivaría a más propietarios a poner sus casas en el mercado y evitaría la fuga de arrendadores hacia otras modalidades de alquiler o la retirada de inmuebles. La propuesta, que está en fase germinal, no detalla cómo se articularía el crédito del Gobierno. Eso sí, desde FAI explican que serían los propietarios los que solicitarían los ICO.
En cuanto a los beneficios para los inquilinos, consideran que estos ICO ayudarían a eliminar las barreras económicas para las personas que tienen más dificultades a la hora de obtener avales privados, un requisito cada vez más extendido a la hora de formalizar un contrato. En cualquier caso, ese beneficio sería indirecto. "Al contar con un aval, el inquilino puede negociar mejores condiciones, como un alquiler más bajo o un contrato más flexible. También, en caso de que surjan problemas de pago, el aval puede actuar como una garantía adicional, lo que puede dar tranquilidad tanto al inquilino como al propietario. En resumen, los avales pueden abrir puertas y hacer que el proceso de alquiler sea más accesible y seguro", matizan desde la federación a este periódico.
Además de estos avales, FAI también pide generar oferta mediante la creación de una línea de ayuda para la rehabilitación de viviendas que se destinen al alquiler de larga estancia, cambios normativos e incentivos y bonificaciones fiscales.
Desequilibrio "sin precedentes"
El presidente de la federación, José María Alfaro, remarca que "el desequilibrio evidente entre oferta y demanda de vivienda habitual en España", motivado por la falta de stock de oferta en las principales ciudades y capitales de provincia, ha provocado una tensión sin precedentes en los últimos 40 años, con una paulatina retirada de oferta y un incremento de los precios de renta tres y cuatro veces por encima de la inflación en los últimos 5 años.
En este contexto, subraya que "la generación de oferta de obra nueva en vivienda asequible resulta imprescindible para paliar el déficit estructural que se arrastra desde 2009", pero señala que "mientras llega la vivienda de nueva construcción se puede impulsar la salida o retorno al mercado de alquiler de vivienda existente, principalmente en las grandes ciudades, de más de 200.000 viviendas en un período inferior a tres años".
Alfaro denuncia que la actual crisis habitacional "está teniendo un impacto devastador en la vida de muchas familias, jóvenes y trabajadores que enfrentan dificultades crecientes para encontrar viviendas asequibles y estables". Una situación que tacha de "drama social, ya que está poniendo en riesgo el bienestar de numerosos ciudadanos, que ahora no solo les toca buscar piso, si no espacios y camas en habitaciones".
Por eso, concluye que es urgente que se de una respuesta decisiva y coordinada por parte de las tres administraciones, la nacional, autonómicas y locales, para revertir la caída de la oferta y garantizar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos.