Madrid
En España, más de 20 millones de viviendas requieren una urgente rehabilitación energética, un desafío mayúsculo que enfrenta el país tras la reciente revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD) por parte del Parlamento Europeo. Según datos del Observatorio del Alquiler y la Sociedad de Tasación, el 80% de las viviendas españolas presentan una calificación energética deficiente (E, F o G), muy por debajo de los estándares europeos. Este panorama exige una respuesta rápida para cumplir con las nuevas normativas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.
Por su parte, según la Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales para la Construcción (Andimac), coinciden en estos datos e indican que aproximadamente el 83% de las viviendas en España tienen una calificación energética de F o G, las más bajas en la escala de eficiencia. Esto significa que la mayoría de las viviendas no cumplen con los futuros requisitos energéticos que serán obligatorios para vender o alquilar a partir de 2030. Además, el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) señala que el parque residencial español tiene particularidades que lo diferencian de otros en Europa, lo que plantea desafíos significativos para la descarbonización de los inmuebles. De hecho, el envejecimiento del parque inmobiliario español, con una edad media de 43,5 años según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), agrava la situación. Ciudades como Barcelona y Madrid, donde la media de antigüedad supera los 70 y 60 años respectivamente, se sitúan entre las más afectadas. La mayoría de estas viviendas fueron construidas antes de 1980, cuando aún no existían normativas sobre condiciones térmicas en edificios, lo que implica que carecen de un aislamiento adecuado.
Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), esto afecta a 5,5 millones de edificios residenciales y alrededor de 9,7 millones de viviendas principales, que carecen de aislamiento térmico o lo tienen en condiciones muy precarias. Greta Tresserra, vocal de Sostenibilidad, Innovación e Internacional del COAC, señaló que debido a las particularidades de cada país, no es sencillo trasladar experiencias exitosas de un lugar a otro, dado que los niveles de exigencia pueden variar considerablemente. Tresserra sugirió que implementar un plan de rehabilitación a largo plazo, con un "pasaporte de renovación" que vincule las mejoras energéticas a la calidad de las viviendas en el mercado, podría ser una estrategia efectiva. También destacó que el modelo francés, que inspiró el borrador de la Directiva europea, podría adaptarse para impulsar la rehabilitación en España.
Frente a este escenario, España tiene dos años para adaptar la directiva europea a su legislación nacional. Sin embargo, aún queda por definir cómo se implementarán las medidas necesarias para alcanzar los objetivos. El sector inmobiliario podría enfrentarse a restricciones similares a las de Francia, donde ya se ha prohibido la comercialización de viviendas que no cumplan con los certificados energéticos mínimos. Esta medida asegura que los propietarios se comprometan a renovar sus inmuebles para cumplir con los requisitos energéticos establecidos. Además, podrían introducirse incentivos fiscales y sanciones, como la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para quienes mejoren la eficiencia de sus viviendas, o un aumento de este impuesto para quienes no lo hagan.
El 36% de las emisiones de efecto invernadero
Los edificios en la Unión Europea son responsables de aproximadamente el 40% del consumo total de energía y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la energía. Por esta razón, son esenciales para alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2050. Para vender o alquilar viviendas en el futuro, los propietarios deberán realizar reformas que mejoren la eficiencia energética, como la instalación de aislamiento térmico, el cambio a ventanas y puertas más eficientes, y la modernización de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Estas mejoras requieren una inversión significativa, y aunque las ayudas y subvenciones aún no están completamente definidas, se espera que los fondos europeos y estatales sean fundamentales en este proceso.
¿Los 'Next Gen' no llegan?
El sector de la rehabilitación celebró inicialmente la asignación de 3.420 millones de euros destinados a impulsar la mejora de viviendas. Sin embargo, la falta de capacidad de las administraciones regionales para procesar las solicitudes ha generado un efecto contrario al esperado. A pesar de que la demanda ha superado los fondos disponibles, los proyectos están paralizados, esperando la aprobación de las comunidades autónomas. Según Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la acumulación de proyectos sin aprobación ha creado un "embalsamiento", y aunque se esperaba que en la segunda mitad de 2023 se comenzaran a lanzar, esto no sucedió, por lo que debería ocurrir este año.
La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE) también ha advertido sobre el retraso generalizado y la incapacidad de las administraciones para gestionar las ayudas. En el programa 3, que apoya la rehabilitación a nivel de edificio, la situación es particularmente complicada, ya que muchas comunidades de propietarios no inician obras hasta tener la seguridad de recibir la subvención. Pablo Martín, director de ASEFAVE, señala que este retraso en la revisión de solicitudes ha llevado a que algunas comunidades abandonen sus proyectos.
El principal problema no radica en la falta de demanda, pues las solicitudes ya cubrirían los fondos asignados. Según Molinero, la dispersión regulatoria entre comunidades autónomas dificulta el trámite de las subvenciones. La ausencia de un modelo nacional y de una cooperación clara entre instituciones y agentes privados está obstaculizando el proceso. Además, la demora de más de un año en la aprobación de ayudas, sin adelantar los fondos a los propietarios, está desalentando a muchas comunidades de vecinos de emprender rehabilitaciones energéticas.