Barcelona
El Cercle d'Economia ha presentado este lunes sus propias recetas para afrontar el problema de acceso a la vivienda, sobre todo en su modalidad de alquiler. En un gesto inusual, el lobi económico ha colaborado con expertos ajenos a la entidad para elaborar una prolija nota de opinión que se suma a la que difundió sobre el reto de la productividad en sus recientes jornadas anuales.
La nota se da a conocer, además, pocos días antes de la visita al lobi de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
En el documento, el Cercle sostiene que la escasez de vivienda en alquiler, tanto privada como protegida, se debe a las numerosas regulaciones que han terminado privilegiando la vivienda en propiedad. El control de rentas durante el franquismo y la falta de gasto público en democracia han impedido crear un parque inmobiliario en manos de la Administración. De resultas, los colectivos más vulnerables –que la entidad identifica con los jóvenes y las familias con menos recursos– se ven expulsados del mercado inmobiliario.
La asociación considera que, aunque la ley de vivienda de 2023 intenta sentar las bases para corregir esta situación, "es probable que [sus efectos] acaben siendo abiertamente contraproducentes". Así, el Cercle se posiciona frontalmente contra la política de control de precios, una de las medidas estrella de la regulación del Gobierno que ya ha sido desplegada previamente en Cataluña. De hecho, los primeros datos apuntan a un recorte del stock de alquiler en la comunidad como consecuencia del tope de rentas.
"La limitación de los precios del alquiler difícilmente conseguirá los objetivos que se persigue y puede resultar, en cambio, en una reducción de la oferta, así como en una serie de efectos colaterales: desde la creación de un mercado negro hasta la reconversión de alquileres regulares en modalidades no reguladas en la LAU (alquileres de habitaciones, alquileres de temporada, etc.) que irán en perjuicio de los arrendatarios", recoge el texto.
Tampoco se apoya ni la suspensión de desahucios, que puede afectar al problema de la okupación, ni la zonificación inclusiva, según la cual se prevé que una cuota del 40% de las nuevas promociones en suelo de planeamiento se dedique a viviendas de protección oficial.
Inspiración en Dublín
Llegados a este punto, el Cercle propone una batería de propuestas tanto a corto como a medio plazo. Teniendo en cuenta, como incide la nota, que "no hay soluciones milagrosas ni inmediatas" y que los "déficits acumulados son demasiado grandes para pensar que todo, o incluso una parte importante del problema, se solucionará a corto plazo".
Como medida de emergencia, el lobi defiende la figura del alquiler concertado. Basándose en la ciudad de Dublín (Irlanda), este tipo de alquiler se destina a familias o individuos vulnerables y comporta el pago de una renta por debajo del precio de mercado por un número elevado de años. En el "modelo dublinés", las propiedades pertenecen a grandes tenedores, que ofrecen sus activos a la Administración para que los distribuyan a los inquilinos. Se trata del mismo modelo impulsado en España por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval).
En paralelo, se propone un mecanismo de garantías públicas para hacer frente a los impagos de los arrendatarios. "De esta forma se reforzaría la seguridad jurídica de los contratos y se superarían muchos de los problemas que plantea el sistema de desahucios previstos en la ley", reza el texto.
Más a largo plazo, la iniciativa correctora más eficaz, según la entidad, es la construcción de un parque amplio de vivienda de protección oficial a través de la colaboración público-privada en suelo público cedido a los promotores privados durante un periodo largo de tiempo. Todas las ideas puestas sobre la mesa por el Cercle deberían contar con un gran pacto transversal a nivel político y también con los operadores privados del sector.
