El escudo social para proteger a los colectivos más vulnerables sigue teniendo recorrido. El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios de vivienda habitual de las familias en situaciones especiales. "Hay que evitar la exclusión social de las personas que pueden perder su vivienda si no pueden pagar la letra de la hipoteca. El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el propio Banco Central Europeo cuando señala que no puede comprometerse de antemano a ninguna senda concreta de tipos", decía la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la Cámara Baja. El Gobierno estima que esta nueva moratoria beneficiará a unos 30.000 hogares.
El origen de la suspensión de los lanzamientos data de 2012, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Entonces, la medida se introdujo mediante el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Aquella iniciativa legislativa dio lugar a que posteriormente se aprobara la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En principio, la suspensión de los lanzamientos se estableció por un periodo inicial de dos años, pero ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones con el objetivo de mantener la protección de los colectivos más vulnerables.
La primera prórroga se produjo en 2015 y se extendió por dos años; la segunda se ejecutó en 2017 por tres años, y la última tuvo lugar en 2020, en el contexto de la pandemia del coronavirus, extendiéndose por un periodo de cuatro años, hasta el presente ejercicio.
Así las cosas, y según contempla el Real Decreto-ley convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados los procedimientos de desahucios se suspenderán hasta el 14 de mayo de 2028. La moratoria afecta a aquellos casos de acreedores "que se les haya reconocido la situación vulnerabilidad o las circunstancias económicas" que están previstas en la ley. La medida se ha convalidado por 347 votos a favor y la abstención de un diputado de Vox, y tramitará ahora como proyecto de ley, lo que supone que podrán introducirse enmiendas al texto.
Se consideran personas en situación de especial riesgo de exclusión social, a las familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, los núcleos familiares con menores o con dependientes o discapacitados a cargo, víctimas de violencia de género, parados y mayores de 60 años.
Las ejecuciones hipotecarias bajan un 20,7%
El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.394 entre enero y marzo, lo que supone un 20,7% menos al mismo periodo de 2023 y la cifra más baja en un primer trimestre desde 2020, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el primer trimestre se iniciaron 5.400 ejecuciones hipotecarias, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un 0,1% menos que en el trimestre previo. De ellas, 4.950 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 450 a fincas rústicas, multiplicando en este caso por más de dos las cifras del primer trimestre del año pasado y del último trimestre de 2023.