Madrid tendrá 20.000 nuevas viviendas de alquiler asequible. El Consejo de Gobierno de la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde al proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, que permite, entre otras cuestiones, la transformación de oficinas en pisos de alquiler.
Este texto legal será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de lectura única y se espera que sea aprobado en el último pleno de junio y por tanto que pueda entrar en vigor de manera "inmediata" ya este mismo mes.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha hecho hincapié durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que la normativa, que recoge tres iniciativas, busca "el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños".
De este modo, el Ejecutivo de Ayuso estima que la ley se podrá aplicar para liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales que actualmente están en desuso para convertirlos en un total de 20.000 nuevos pisos de alquiler asequible en numerosos municipios.
Otra de las medidas que recoge este proyecto de ley es un nuevo estándar sobre las reservas de aparcamiento para las viviendas de protección pública, que se situará en una plaza por cada piso para fomentar el uso del transporte público. Esta iniciativa, según ha indicado García Martín, va a permitir reducir el coste de construcción y, en consecuencia, el precio del alquiler.
Finalmente, el último punto destacado que recoge esta normativa es que se sigue agilizando la construcción de la vivienda pública ya que se incorpora la exención de realizar planes especiales de construcción de vivienda protegida en aquellas parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
Un plan "urgente"
"Se trata de tres medidas muy importantes que se hacen con respeto a la autonomía de los ayuntamientos, que, una vez que la ley entre en vigor, dispondrán de un plazo de cuatro meses para adaptar la normativa a su propio municipio y podrán decidir que no se aplique, que se aplique totalmente o parcialmente" ha explicado el consejero.
Asimismo, una vez que la normativa ya esté en marcha, los promotores inmobiliarios dispondrán de dos años para solicitar la licencia directamente al Ayuntamiento, sin necesidad de más trámites, y después dispondrán de tres años para la construcción de las viviendas.
En palabras de García Martín, se trata de "un plan urgente, de choque, con el que se pretende que estas viviendas puedan estar cuanto antes a disposición de los madrileños y así poner solución a este problema".