Madrid quiere poner solución al problema de la vivienda. Para ello, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso está ultimando una nueva ley que permitirá transformar las oficinas en desuso en viviendas de alquiler asequible. Con esta nueva normativa, el Ejecutivo madrileño calcula que se podrán liberar 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas para su conversión en 20.000 nuevos pisos ubicados en diferentes municipios.
El Consejo de Gobierno ha conocido durante su reunión de este miércoles el informe de la nueva Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, que ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Se prevé que la aprobación de la la nueva ley se produzca durante las próximas semanas, para su inmediata entrada en vigor tras su tramitación en la Asamblea de Madrid.
La nueva normativa establecerá una medida extraordinaria y temporal que autorizará el cambio de uso de suelo calificado como terciario, el destinado a oficinas, a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública (VPP) en régimen de alquiler asequible.
Con esta acción, no será necesario hacer una modificación del planeamiento para poder transformar una oficina en vivienda, se podrá realizar mediante licencia, habilitando un plazo de dos años para solicitarla, desde la entrada en vigor, y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, pero eso sí, siempre que sea a toda la infraestructura.
Menos trámites
El Ejecutivo de Ayuso insiste en que esta iniciativa "facilita el acceso a la vivienda mediante la simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una mejora organizativa y un impulso de esta actividad económica".
Asimismo, recuerda que la normativa incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, con lo que se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
También contempla un nuevo modelo de reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. No obstante, se respeta la autonomía de los ayuntamientos, que podrán decidir no aplicar en su término municipal el régimen previsto, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.
