El coto a los pisos turísticos en España se recrudece. La presión regulatoria es cada vez mayor, con multas que van desde los 1.500 euros para faltas leves hasta los 400.000 euros en casos de infracciones muy graves. Pese a que la polémica de estas viviendas que se alquilan a turistas lleva años sobre la mesa, en los últimos meses son varios los grandes municipios y regiones que se han sumado a regular esta actividad, como es el caso de Canarias, Madrid oValencia.
Hasta hace poco eran gobiernos de la cuerda socialista los que se habían lanzado a controlar este tipo de viviendas, si bien, tras el boom que ha experimentado este sector alentado por una mayor llegada de turistas, también desde las formaciones de derechas han aplicado medidas restrictivas.
El Ayuntamiento de Madrid, dónde solo un 7,4% de las 13.500 viviendas de uso turístico operan bajo licencia, ha impulsado un plan que contempla mayores sanciones a los propietarios que operen de forma ilegal con multas que van desde los 30.001 euros y que pueden alcanzar los 100.001 euros en tercera sanción en caso de que mantengan operativa la vivienda. Además, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida también advirtió que se incrementará el control con más inspecciones para evitar la proliferación de negocios ilegales.
Estas sanciones se mueven en la misma línea que las aprobadas recientemente por Asturias, que ha endurecido los requisitos y controles para poner en marcha estos pisos, con multas desde 1.500 euros para las faltas leves, hasta los 100.000 para las muy graves.
En el caso de Ibiza, donde la situación residencial es crítica por la falta de oferta a lo largo de todo el año y especialmente en temporada alta turística, las sanciones se han duplicado, partiendo desde los 40.000 euros y alcanzando los 400.000 euros.
Canarias, otro de los territorios con mayor tensión en la vivienda, también ha endurecido las condiciones de los pisos turísticos. El Gobierno regional presentó a principios de abril el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que previsiblemente entrará en vigor en septiembre u octubre, y que contempla tres medidas de calado. La primera es que el 90% de la edificabilidad residencial debe destinarse a domicilio permanente. Además, se prohíbe dar un uso turístico a una vivienda protegida, y obliga a que las viviendas de nueva construcción se destinen a uso residencial como mínimo 10 años. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha mostrado su rechazo frontal a la medida por considerar que deja "herida de muerte a las viviendas turísticas".
Piden un convenio laboral propio
Miguel Ángel Sotillos, presidente de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos) alerta de la gran inseguridad jurídica que se está generando a raíz de estas normativas, que ponen en juego millones de euros de inversión por parte de particulares, principalmente, y empresas. Sotillos explica que las moratorias que se están aprobando dejan fuera de juego a muchos propietarios que han adquirido viviendas y las estaban reformando para destinarlas al alquiler turístico y ahora esos inmuebles se quedan en el limbo.
Así, el presidente de Fevitur pone el foco en Madrid, donde se está persiguiendo a viviendas que llevan muchos años operando bajo el paraguas del gobierno regional. "Muchas personas han comprado viviendas que estaban en la ruina, las han reformado, regenerando calles a las que no iba nadie y llevan años operando esas viviendas. Cuando se lanzaron a este negocio no existía una ordenanza por parte del Ayuntamiento de Madrid y ahora que han hecho la inversión y han contratado personal, se topan con que no pueden continuar con su actividad. Esto genera una inseguridad jurídica enorme", destaca Sotillos.
Desde Fevitur abogan por regular pero "nos gustaría que se tuviera en cuenta a los pisos que arrancaron la actividad cumpliendo las normas. Se debería dar una salida a estos casos", apunta Sotillos que, además, recuerda que "en muchas ciudades la capacidad de hacer grandes eventos es gracias a la flexibilidad que ofrece la vivienda turística. Solo con hoteles no se podría acoger a todos los turistas".
En este sentido, recuerda que este negocio genera una "gran cantidad de empleo a tiempo completo y además es empleo fijo". De hecho, desde Fevitur abogamos por tener que exista una normativa propia del sector "que nos equipare a cualquier otro sector económico consolidado como los hoteles, las agencias de viajes o cruceros".
Por eso, piden "un convenio laborar propio que de seguridad y que permita tener unos números claros de trabajadores, tipología de contrato, calidad de empleo, que no esté dentro de otro convenio por que se mezclan los datos".
Por otro lado, Sotillos defiende que los pisos turísticos no afectan al precio de la vivienda residencial. "El 70% de los pisos turísticos son segundas residencias, por lo que nunca se alquilarían en el otro mercado todo el año".
Plataforma para perseguir el fraude
El Gobierno va a impulsar la creación de una plataforma estatal para controlar y perseguir el fraude que gira entorno al mercado de los pisos turísticos. En esta plataforma, que esperan que esté lista antes de que termine el próximo año, se registrarán y controlarán todas las viviendas de uso turístico, así como alquileres temporales de menos de un año y habitaciones que se alquilen a través de plataformas como Airbnb o Booking. El objetivo, según la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es "poner en marcha medidas para priorizar el uso de la vivienda como residencial cuando esta se sienta amenazada".
