Asturias quiere seguir los pasos de otras comunidades y poner coto a plataformas como Airbnb. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles que su región va a regular los pisos turísticos "hasta el límite de lo que les permita la ley de acuerdo a sus competencias".
Durante la Junta General, el socialista ha explicado que esta nueva regulación se pondrá en marcha "mejorando la detección de las viviendas ilegales, reforzando las inspecciones técnicas y con una reforma inminente de la ley de turismo que pronto trasladarán a la Junta, para modificar el decreto de viviendas de uso turístico".
Barbón ha defendido el turismo como "un sector clave" para el crecimiento económico de la región, pero debe "crecer bien". "Creemos y lo estamos viendo que está generando potencialidad y riqueza, que está generando empleo. De hecho, en los nuevos nichos de generación de empleo se ve impacto que está teniendo. Ahora bien, nosotros queremos que sea un turismo de calidad y sostenible", ha remarcado el presidente, que ha recordado que la clave es cómo debe seguir creciendo el sector.
El socialista ha informado además de que próximamente se celebrará una reunión con la Federación Asturiana de Concejos porque la comunidad no tiene competencias en algunas cuestiones que son competencia de los ayuntamientos y "necesitan trabajar de la mano".
Barbón ha respondido así a una cuestión de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntado sobre en qué momento y de qué forma se va a implementar esta nueva regulación a estas viviendas. Asimismo, la diputada asturiana aprovechó la oportunidad para dejar sobre la mesa la implantación de una tasa turística: "Está en funcionamiento ya en Cataluña y en Baleares y mi pregunta es, ¿cuál es el miedo del gobierno asturiano a esta ecotasa, más allá de los seguros bocinazos del PP y de Vox?", ha indicado.
La ley, para antes de verano
Este mismo miércoles, el Pleno de la Junta General ha dado luz verde, con cuatro abstenciones de Vox, a la proposición no de ley presentada por el PP en la que se insta al Ejecutivo regional a regular los pisos turísticos antes del 1 de julio.
Esta proposición no de ley fija el objetivo de construir un modelo turístico que facilite la convivencia entre el turista y el residente y reclama que se promueva el mayor consenso y participación posible por parte de los agentes implicados en la actividad de estos apartamentos. Del mismo modo, se requiere que la nueva ley detalle medidas destinadas a mejorar la calidad de la actividad turística.
La dipuitada del PP, Sandra Camino, ha explicado que con esta proposición no de ley se intenta "que trabajemos todos en pos del beneficio del turismo y que trabajemos para que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente".
La decisión de otras comunidades
Asturias no es la única región que está dando un paso al frente para la regulación de las viviendas turísticas. Madrid se encuentra trabajando en una ley, que estará lista antes de que finalice el primer trimestre, para poner coto a estos pisos. "Regular no es prohibir" declaró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida cuando dio a conocer esta iniciativa.
El regidor madrileño destacó que se tiene que replantear este modelo de pisos turísticos para que vaya de la mano con la realidad económica que estamos viviendo en estos momentos. "Tiene que haber una normativa porque están llevando a cabo una actividad económica como cualquier negocio", anotó.
Asimismo, Cantabria también quiere hacer lo propio con las viviendas turísticas y está trabajando en una regulación para antes de verano. Esta nueva norma no solo tendrá el objetivo de luchar contra la proliferación de los pisos ilegales, si no también el de limitar las que operan de forma legal.
En Cataluña, la normativa ya se está tramitando en el Parlamet como una proposición de ley y se espera que esté aprobada antes del 31 de marzo tras incorporar las últimas enmiendas de los socialistas.
Finalmente, la Junta de Andalucía ha sido la última en avanzar en esta materia y aprobó la semana pasada un decreto para regular las más de 116.000 viviendas turísticas que existen en la región y que tiene como objetivo la profesionalización de este sector.