Valencia
Dos de los proyectos urbanísticos previstos desde hace décadas en Valencia tienen una nueva oportunidad para hacerse realidad tras años de parálisis y bloqueo por las trabas administrativas y la crisis de la burbuja inmobiliaria. Ambos, que suman más de 2.400 nuevas viviendas y cuya inversión prevista supera los 430 millones de euros, están en manos de Metrovacesa.
En el caso del de mayor volumen, el conocido como PAI de Benimaclet, el motivo fundamental de su reactivación ha sido el cambio en la alcaldía de Valencia tras las elecciones y una sentencia judicial que daba la razón a la promotora. Tras la salida de Joan Ribó y la coalición de Compromís y los socialistas, la nueva alcaldesa, la popular María José Catalá, ha decidido no eternizar el proceso con más recursos y de esa forma permitir la tramitación del plan urbanístico, rechazado por su antecesor.
El PAI de Benimaclet abarca el desarrollo de cerca de 270.000 metros cuadrados que faltan por completar en ese barrio y que ha estado envuelto por la polémica desde hace años. El primer proyecto se adjudicó en 1995. Tras continuas dilaciones, la crisis inmobiliaria y una batalla legal en 2018, el Ayuntamiento finalmente anuló la adjudicación, aunque la promotora Urbem aún mantiene abierta una guerra judicial.
Fue entonces cuando Metrovacesa, que asumió varias parcelas en manos de entidades bancarias, decidió lanzar su propio proyecto para tratar de lograr el beneplácito de las asociaciones vecinales. La propuesta presentada por el grupo promotor se traduce en 1.345 viviendas en total, con algunas torres de hasta 30 alturas en las zonas más cercanas a la Ronda Nord y un parque de 90.000 metros cuadrados y nuevos equipamientos públicos.
Una actuación cuya inversión en 2018 se presupuestaba en 280 millones de euros. Sin embargo, el anterior alcalde, Joan Ribó, se sumó a parte de los colectivos vecinales que pedían reducir la edificabilidad total por debajo de las mil viviendas y, tras continuos roces con sus socios socialistas, finalmente a principios de 2021 Urbanismo rechazó admitir el proyecto presentado por el gigante inmobiliario. En su lugar, encargó un nuevo plan a la empresa municipal Aumsa.
El cambio de posición de la nueva alcaldesa supone todo un avance para la promotora , aunque el resultado tampoco será todo lo inmediato que desearía. La propia Catalá aseguró que "el Ayuntamiento no va a asumir íntegramente todo lo que diga Metrovacesa" y que durante la tramitación aspiran a introducir mejoras en el proyecto.
El 'Kremlin' de La Patacona
Las parcelas sin urbanizar de Benimaclet limitan con Alboraya, uno de los municipios vecinos de la capital por el norte. En este término municipal, Metrovacesa también ha visto como se despeja su otro proyecto estrella en el área metropolitana: un nuevo barrio en la playa de La Patacona, continuación de La Malvarrosa de la capital.
Una zona que desde hace años ha atraído a promotores, desde Bautista Soler a Reyal Urbis. Precisamente ese grupo fue el que se hizo con las antiguas bodegas Vinival, unos grandes silos de hormigón construidos allí en la década de 1960 por su proximidad al puerto de Valencia y que son conocidos como el Kremlin por su aspecto. La quiebra de Reyal Urbis por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tumbó el plan que presentó en 2008 para convertirlo en casas.
Una década después, Metrovacesa retomó el pulso, con un plan de reforma interior que tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Alboraya, deseoso de transformar una antigua zona industrial abandonada con problemas de vandalismo. El grupo inmobiliario prevé construir 1.042 viviendas distribuidas en edificios de entre 11 y 18 plantas. Además, la actuación que incluye 124.000 metros cuadrados prevé más de 12.000 metros cuadrados para desarrollo terciario, fundamentalmente en las antiguas bodegas que mantendrán su estructura como patrimonio industrial,
La inversión global superaría los 152 millones de euros, incluyendo las obras necesarias de urbanización, valoradas en 14 millones de euros, así como otros gastos y los costes del desarrollo de los futuros edificios. Aunque también algunos vecinos rechaza el plan, el consistorio ya ha remitido el proyecto a la Generalitat para obtener la evaluación ambiental para transformar el suelo industria en residencial.
