Salir a comprar el pan es un acto cotidiano para la mayoría de ciudadanos, pero se convierte en algo complicado cuando se trata de personas mayores o discapacitadas que viven en casas no accesibles. Pero, ¿qué se entiende por accesible? Es aquel edificio que ha sido diseñado o habilitado para facilitar su uso y acceso a personas con movilidad reducida o discapacitadas, convirtiéndolo en un espacio seguro, funcional y cómodo.
Según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, el 87% de los edificios de viviendas de España suspende en esta materia y convertirlos en accesibles costaría una media de 1.361 euros por hogar.
Este tipo de inmuebles pueden contar, entre otros elementos, con rampas de entrada, accesos amplios y sin barreras, plataformas salvaescaleras o ascensores aptos para sillas de ruedas. Además de estas características físicas, los edificios accesibles también pueden incluir tecnologías y sistemas de apoyo, como sistemas de control de domótica, iluminación adaptada o dispositivos de comunicación para facilitar la vida diaria de las personas.
De una forma más detallada, la fundación explica que la actuación más cara pasa por instalar un ascensor accesible, que cuesta de media 44.000 euros. Después está la plataforma salvaescaleras (8.000 euros), el abrepuertas automático (1.715 euros) o las rampas de acceso de la calle al portal (835 euros). Bajar la altura del portero electrónico y de los buzones supone 80 euros y 95 euros, respectivamente.
El informe constata que la factura total de convertir un edificio en accesible se incrementa en aquellos edificios que tienen menos alturas y menos vecinos, con 5.409 euros y 4.457 euros, respectivamente. Además, en los más antiguos habría que pagar 3.156 euros, en los que tienen viviendas de menor tamaño hasta 2.416 euros y en los hogares con menos ingresos 2.995 euros.
Las barreras
¿Y cuáles son las barreras arquitectónicas más frecuentes? El 25% de edificios tiene un escalón en el acceso al portal, el 56% cuenta con porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas y el 90% de los portales son demasiado estrechos. Mención especial merece el ascensor: un 17% de los edificios de viviendas comunitarios no disponen de él.
Por este motivo, el 49% de quienes no cuentan con ascensor, lo reclaman como una medida urgente, de la misma manera que un 51% considera esencial mejorar la accesibilidad del portal hasta el ascensor con una plataforma elevadora eléctrica o una rampa.
Los ascensores accesibles tienen puertas lo suficientemente anchas para permitir la entrada y salida de sillas de ruedas y otros dispositivos de asistencia. Generalmente, tienen al menos 90 centímetros de ancho para garantizar un acceso adecuado. Además, también incluyen botones de llamada y paneles de control ubicados a una altura adecuada para que puedan ser utilizados fácilmente por personas con limitaciones físicas.
Aunque los ciudadanos están concienciados sobre la importancia de avanzar en sostenibilidad, lo cierto es que la mayoría no están dispuestos a asumir el coste económico que supone esa transformación. En concreto, el 60% de los usuarios ve poco o nada probable realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio. La falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%) son las principales razones expuestas. En este último aspecto, la barrera de los 2.000 euros por hogar es el punto de inflexión para considerar probable o no probable llevar a cabo las mejoras.
"Cuando en un edificio o vivienda residen personas con movilidad reducida, sea por motivo de discapacidad o edad avanzada, la accesibilidad cobra especial importancia, pero mientras no residen personas con necesidades especiales, la accesibilidad no recibe la importancia que merece y se percibe más como un gasto más que como una inversión", explica la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
"Muchas de las viviendas no accesibles son propiedad de personas con bajos recursos por lo que se evidencia la necesidad de que administración e instituciones contribuyan a hacer posible que se lleven a cabo actuaciones para la eliminación de barreas arquitectónicas", añade.
Según detalla la experta, la accesibilidad universal de los elementos comunes de los inmuebles debe ser una obligación en todas las comunidades de propietarios, con el objeto de garantizar la capacidad de movimiento y, por tanto, la calidad de vida de los más de 100.000 españoles que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles".
