Suma y sigue en la presentación de quejas a la ley de vivienda aprobada en el Senado este miércoles. La nueva norma genera diferentes dudas en el sector inmobiliario, que vislumbra un problema común: la caída de la oferta de alquiler ante el desafío que supone para los pequeños propietarios. Tampoco alienta a la otra parte: los inquilinos no creen que vaya a solucionar el problema de los precios.
Tras 14 meses de intensas negociaciones y varias líneas rojas después, el Gobierno ha conseguido sacar adelante la primera ley de vivienda de la democracia, aunque desde sus primeros planteamientos provocó una ola de reacciones en contra, especialmente en el sector inmobiliario.
La pretensión principal de la norma es mejorar el acceso al alquiler, limitando los precios en zonas tensionadas e incentivando a los propietarios a contribuir a una oferta más asequible a cambio de "un entorno fiscal favorable". Sin embargo, los topes y las exigencias podrían tener un efecto contrario, según advierten desde las inmobiliarias, que ya advierten de una fuga de propietarios.
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que representa a 27 asociaciones inmobiliarias y más 900 agencias del ámbito autonómico y local, se suma a la alerta sobre el inicio del éxodo de pequeños propietarios, que engloban el 95% de la oferta en el mercado, hacia otras modalidades de alquiler o hacia la venta, especialmente en las grandes ciudades. Precisamente ese mismo porcentaje representa la cartera de particulares que gestiona Alquiler Seguro, quien dio la voz de alerta sobre la huida en marcha.
El presidente de FAI, José María Alfaro, subraya en declaraciones a Efe, que existe mucha incertidumbre en estos momentos entre los arrendadores. Según vaticina, la ley acabará siendo contraproducente y afectando a los propios inquilinos porque provocará una subida del precio de los nuevos alquileres, reducirá el "stock" y dejará de lado a los inquilinos menos solventes por el endurecimiento de los requisitos exigibles para arrendar con el que los propietarios se blindarán ante un mayor riesgo de extensión del plazo para recuperar la vivienda ante un posible impago.
Desde la federación llevan meses lamentando que "las prisas electorales" hayan dado luz verde a un "experimento político" que no ataja de raíz el grave problema que existe en España con la vivienda.
La opinión del Gobierno es totalmente contraria al alarmismo expresado desde las inmobiliarias. Califica la norma como "sólida" y defiende que ayudará a los colectivos con más dificultades de acceso la vivienda con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.
La ley de vivienda no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Desde que se aprobara en el Senado el miércoles, el plazo máximo para que aparezca en el BOE es de 15 días, según avisó Moncloa.
Cuando aparezca en el BOE se pondrán en marcha las zonas tensionadas (serán las CCAA las que decidan si las aplican o no), la nueva definición de grandes propietarios, el cargo de los honorarios de las agencias inmobiliarias al propietario, o los plazos para los desahucios, entre otras cuestiones que modifica la ley.
Los inquilinos no confían en su efectividad
Las medidas son también insuficientes para los inquilinos. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid cree que la norma no bajará los precios porque deja "muchos agujeros" como los pisos turísticos o los contratos basura. También duda de que vaya a garantizar el derecho a la vivienda, sin embargo, celebra que la regulación de los precios se haya puesto sobre la mesa tras años de peticiones en este sentido.
"Siempre nos han dicho que intervenir el mercado a favor de los sectores populares en lugar de la patronal inmobiliaria era imposible. Pero después de años plantando cara, de innumerables personas que han desobedecido leyes injustas, hemos demostrado que todo es cuestión de lucha y voluntad política", indicaron en un comunicado tras la luz verde del Congreso a la ley.
