Las personas que tengan inmuebles en propiedad se han visto afectadas por la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que está pendiente de ser publicada en el BOE para su entrada en vigor, de tal modo que, aquellos que no puedan acogerse a las bonificaciones establecidas en la nueva normativa, saldrán perdiendo a la hora de aplicarse reducciones en el IRPF.
Para comprenderlo, hay que saber que la nueva ley ha ampliado las reducciones de impuestos a las que pueden optar los propietarios de viviendas en alquiler, por ejemplo, en el caso de las casas sean reformadas o cuando se encuentren en zonas tensionadas y sean arrendadas a personas jóvenes o por un precio más bajo.
Sin embargo, no todos los arrendadores pueden acogerse a estas bonificaciones: "En cuanto se aplique la ley, si tienes una vivienda fuera de una zona tensionada y no te acoges a la bonificación por reforma o mejora de la vivienda (60%), pierdes un 10% de la reducción del rendimiento neto", explica el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo. "Claramente perjudica a los arrendadores, sobre todo, a aquellos cuyas viviendas no estén dentro de las zonas tensionadas", añade.
Actualmente, antes de la entrada en vigor de la ley, las personas que tengan una casa en propiedad y la alquilen como vivienda habitual pueden optar a un 60% de reducción fiscal, mientras que, con la aplicación de la nueva ley, la reducción para los nuevos contratos es solo del 50%. Así, cuando la ley entre en vigor, el propietario perderá un 10% de la reducción del rendimiento neto de la vivienda alquilada si no puede acogerse a otras condiciones para aumentar esa reducción.
El aumento de la reducción fiscal no compensa la bajada del 5% en el alquiler
Esto, declara el experto financiero de iAhorro, "empeora las condiciones de los arrendadores, que solo se ven beneficiados en caso de que alquilen sus viviendas por primera vez a jóvenes; porque ni siquiera a quienes puedan acogerse al 90% de reducción por bajada de precio les compensa la nueva norma, ya que para eso tendrán que bajar mínimo un 5% el precio de la vivienda y pierden más con eso de lo que ganan con la reducción del rendimiento".
Por ejemplo, el precio del metro cuadrado en el centro de Madrid se sitúa en unos 20 euros, según recoge el portal inmobiliario Fotocasa, por lo que el precio en alquiler de una vivienda de 50 metros cuadrados se situaría en los 1.000 euros. En este caso (tras descontar unos gastos de 3.600 euros por el pago de seguros, comunidad, IBI, intereses de préstamos y amortización del 2% del valor de la vivienda), el propietario de dicho inmueble obtendría unos rendimientos netos anuales de unos 8.400 euros. Con la actual reducción del 60%, dicho arrendador paga 638,40 euros de impuestos en la declaración de la renta del año siguiente si alquila su vivienda como residencia habitual, sin importar su ubicación ni la edad del inquilino, una cuantía que se incrementará hasta lo 798 euros cuando entre en vigor la nueva ley (159,60 euros más) ya que la reducción será del 50%.
Así, con las bonificaciones que incluye la nueva ley, el pago de impuestos podría reducirse si se cumplen los siguientes supuestos:
· Por rehabilitación o mejor de la vivienda antes de la firma del contrato o en los dos años anteriores (todavía no se conoce qué características tiene que cumplir dicha reforma para poder acogerse a esta bonificación), la reducción fiscal del rendimiento podría aumentar hasta el 60%, por lo que el pago de impuestos sería el mismo que el actual: 638,40 euros por una vivienda alquilada por 1.000 euros mensuales.
· Por alquilar por primera vez una vivienda situada en una de las llamadas zonas tensionadas a jóvenes de entre 18 y 35 años la reducción fiscal aumenta hasta el 70%. En este caso, el arrendador de la vivienda de 1.000 euros mensuales pagaría 478,80 euros de impuestos en la declaración de la renta, por lo que se ahorraría hasta 159,60 euros respecto a la actualidad.
· Por firmar un nuevo contrato en una zona tensionada con una bajada de al menos un 5% sobre el precio del contrato anterior la reducción fiscal será del 90%. Este caso es el más llamativo: en una vivienda que se alquilaba por 12.000 euros anuales antes de la entrada en vigor de la nueva ley, si se aplica la bajada del 5% en el precio, ese alquiler sería de 11.400 euros anuales, por lo que el arrendador dejaría de ganar 600 euros y, además, tendría que pagar a Hacienda 148,20 euros de impuestos. Esto le supondría unas pérdidas de 110 euros porque la reducción solo cubriría 490,20 euros.
Una vez vistos estos datos, el experto financiero de iAhorro Antonio Gallardo asegura que "existe una figura aparentemente muy atractiva que es la reducción del 90% si se baja el precio un 5%, pero si hacemos los cálculos, lo que pagamos de menos por la reducción fiscal es inferior a lo que vamos a ingresar de menos por rebajar el alquiler". Con esto, Gallardo finaliza: "Lo que vemos, a priori, es que es una medida que intenta que se 'autopague', es decir, va a haber muchos alquileres por los que se va a pagar más a Hacienda, ya que el alquiler general en zonas no tensionadas va a tributar más de lo que tributaba antes".