Necesaria pero sin soluciones. Esta es la percepción que los ciudadanos tienen sobre la ley de vivienda que se aprobó hace una semana en el Congreso de los Diputados y que ahora pasará al Senado. Más de la mitad de los españoles (54%) cree necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, mientras que dos de cada tres (68%) consideran que la ley de vivienda será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales, siendo las personas que viven de alquiler y los más jóvenes los que se muestran más partidarios.
Así lo recoge el informe Percepciones de la nueva Ley de Vivienda, elaborado por el Grupo Mutua Propietarios. "La vivienda es un aspecto complejo porque es, al mismo tiempo, un derecho y un activo financiero, lo que genera mucha controversia en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar", explica Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.
La normativa se extiende a todos las formas de vivienda, pero las mayores diferencias en cuanto a su idoneidad se focalizan en el grupo que tiene relación con el alquiler, ya sea como inquilino o como arrendador. De hecho, un 68% de los inquilinos ve necesaria la ley, mientras que este porcentaje se reduce a un 51% en el caso de los arrendadores.
De acuerdo con el estudio del Grupo Mutua Propietarios, también existe un posicionamiento diferente a la normativa en función de la edad y la ocupación: los jóvenes y quienes viven de alquiler, son los que se muestran más favorables; mientras que los mayores y, en muchos casos, jubilados (en mayor medida arrendadores o que disponen de más inmuebles) son los mayores detractores de la normativa.
En este sentido, las medidas que mayor aprobación alcanzan son los beneficios fiscales a propietarios (66%); limitar las subidas del alquiler (64%) y proteger ante los desahucios (62%) y, la de menor acuerdo, el aumento de impuestos a las viviendas vacías (39%).
¿Y cómo afectará la nueva normativa al mercado inmobiliario? El estudio muestra una división de opiniones. Una de las principales consecuencias será la retirada de viviendas del mercado de alquiler, tal y como consideran el 51% de los españoles. En el lado contrario, lo que consideran menos probable que suceda es que se amplíe el mercado de vivienda de alquiler social y asequible (44%).
Las diferencias entre inquilinos y arrendadores también se dejan notar en este punto, ya que son estos últimos quienes manifiestan que la ley provocará una bajada del mantenimiento de las viviendas en alquiler por parte de los propietarios (50%).