Desde hace prácticamente una década -abril de 2013- es obligatorio tener certificado energético a la hora de vender o alquilar una vivienda, es decir, es necesario poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, "con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética".
Posteriormente, llegó el Real Decreto 390/2021, que establece, entre otras, la obligación relativa al certificado de eficiencia energética para "toda persona física o jurídica que publique o permita la publicación de información sobre la venta o alquiler de un edificio o de parte del mismo, ya sea en agencias inmobiliarias, vallas publicitarias, páginas webs, portales inmobiliarios, catálogos, prensa o similares".
A pesar de esta obligatoriedad, más del 65% de las viviendas ofertadas en España no cumple la norma. Según un análisis de CoHispania, sociedad de tasación, del total de ofertas de casas publicadas, el 65,24% no tiene publicado el certificado energético.
Más allá de la cifra general, dos provincias catalanas se salen de la fotografía, ya que menos de la mitad de la oferta de viviendas no dispone del certificado energético. Barcelona es la que más cumple con la normativa. El 42% de la oferta no incluye la información energética del inmueble, es decir, el 58% sí cumple con la normativa. Le sigue Girona, con el 47,7% de las viviendas ofertadas sin certificado energético.
Al otro lado de la balanza, Huesca es la provincia donde hay un porcentaje más elevado de viviendas ofertadas sin certificación energética, concretamente el 77,8%. Le siguen Burgos (77%); Cáceres (76,8%) y Salamanca, Cádiz y Córdoba (76,7% en los tres casos). En el caso de Madrid, el porcentaje de ofertas que obvian el certificado energético es bastante más alto que en la Ciudad Condal, ya que un 61,66% de las ofertas no tienen publicada la letra, un porcentaje un 19,7% superior que en Barcelona.
El certificado energético es un documento que evalúa la eficiencia y el consumo de un edificio o parte del mismo, en una escala de la A -calificación más eficiente- a la G -la menos eficiente-. No cumplir con la normativa a la hora de vender o alquilar una vivienda puede acarrear sanciones entre 300 euros hasta 6.000 euros. En cuanto a las viviendas ofertadas sin certificado, ¿hay sanciones al respecto?
¿Sanciones?
"Las comunidades autónomas son las encargadas de crear organismos competentes especializados en realizar el control y seguimiento de los certificados energéticos, y también de imponer sanciones si fuese necesario", señala Lucía Martínez, Energy & Sustainability Manager en Tinsa España.
Este documento no es obligatorio para las viviendas en uso, "solo adquiere ese carácter al ir a realizar una transacción económica con el inmueble. Al no ser necesario el registro de la oferta de compra o alquiler en ningún organismo competente, la administración no puede cruzar los datos para trazar si los inmuebles ofertados cuentan o no con un certificado energético registrado en vigor", añade Martínez.
"Los organismos responsables del cumplimiento de cada una de las comunidades autónomas son los registros autonómicos donde se inscriben los certificados de eficiencia energética. Tampoco tenemos constancia de que esos organismos estén haciendo verificaciones o comprobaciones de que esos certificados estén bien realizados. Al menos de lo que sí tenemos constancia es que se inscriben, pero no de la oferta, si no de aquellos que emiten un certificado y lo inscriben porque es obligatorio para la compraventa de un inmueble. Pero en el tema de anuncios, lo que hay en webs, anuncios de calle, portales inmobiliarios, etc, la responsabilidad es del individuo que vende o alquila y subsidiariamente la inmobiliaria que pone el anuncio. No podría ponerlo porque no le han facilitado ese documento. Esto es obligación por ley, pero no hay sanción, en cuyo caso de poco sirve", explican desde CoHispania.
Emilio Miguel Mitre, experto del Área Técnica de Green Building Council España (GBCe), cree que los propietarios "esperan hasta llegar al momento de la transacción y ahí es cuando lo solicitan". "La barrera real se presenta a la hora de realizar la transacción con la vivienda. En estos casos, tener o no el certificado es limitante, ya que los notarios no están autorizados a firmar la compraventa de un inmueble sin disponer entre otros del certificado energético en vigor registrado en la fecha de firma", coincide la experta de Tinsa.
El certificado energético contiene mucha información del inmueble, sobre todo, de cara a mejorarlo mediante una reforma o una rehabilitación, pero "sin embargo no tiene prácticamente importancia social a día de hoy. Está concebido como un mero trámite en el proceso de compraventa de una vivienda, ya que el notario impide la venta en caso de que no se aporte el certificado energético", indican desde CoHispania.
En los anuncios de viviendas en venta o alquiler es más que probable encontrar que dicho documento está "en trámite". Esto puede ser "desde que está pensando solicitarlo hasta que lo solicita. Porque realmente si lo ha solicitado es algo que se consigue en unos días", señala Mitre. "En el fondo", exponen desde CoHispania, "esto es una excusa para ganar tiempo, el anuncio se publica y el certificado energético, ya llegará. No deja de ser una excusa, ya que no se puede poner el anuncio sin certificado energético".
En este sentido, "los posibles clientes se encuentran en su derecho de solicitar una demostración de dicho registro y tener acceso al certificado energético registrado; y si reciben respuesta negativa por el ofertante denunciar dicha situación en el organismo responsable", indica Martínez.
¿Cuánto cuesta?
El precio para conseguir el certificado energético de una vivienda varía en función del tipo de inmueble, la ubicación y los metros cuadrados. Por ejemplo, desde Certicalia apuntan que el precio medio de un certificado de eficiencia energética en Madrid para un piso de 50-80 m2 está en los 65 euros. "También, hay que tener en cuenta, las tasas administrativas que varían en función de las comunidades autónomas. Incluso hay algunas que nos las tienen", señala Paula Ibor, del departamento de Marketing de Certicalia.
Desde Tinsa indican que el precio para un piso de hasta 150 m2 se encuentra en torno a los 100-120 euros , y de una vivienda unifamiliar de unos 300 m2 tendría un coste de en torno a los 200 euros. "Es un servicio en el que profesionales acreditados realizan la visita y las mediciones en el inmueble y, posteriormente, un departamento de control de la compañía supervisa el correcto volcado de la información y realiza el análisis y estimación de las medidas a través de las que podría mejorar la eficiencia energética de su vivienda, con soluciones cuantificadas de lo que supone esta inversión y su amortización", explican desde Tinsa. En condiciones normales, el proceso completo desde la visita al inmueble hasta el registro en el órgano competente "puede llevar entre tres y cinco días laborables", añade la experta de la tasadora inmobiliaria.
El precio del certificado varía en función del tipo de inmueble, la ubicación y los metros cuadrados
En el caso de las viviendas que sí se ofertan con certificado energético muestran la ineficiencia del parque en venta, con notas muy bajas. Según el estudio de CoHispania, el 17,55% de la oferta cuenta con letra G, seguido de la Letra E con un 8,4% del total de la oferta disponible, mientras que el 2,37% cuenta con una nota D. Conforme aumenta la eficiencia, existe menos oferta de vivienda, siendo la letra B la menos publicada con el 1,18% del total.
Centrando el foco en las provincias, de las viviendas que se ofertan con certificado energético, las más eficientes se encuentran en Ceuta y Melilla, donde el 10,9% y el 8,2%, respectivamente cuentan con una nota A. Le siguen Soria (3,7%), Valladolid (3,3%), Zaragoza (3,2%) y Navarra (3,1%) Por su parte, el porcentaje de viviendas ofertadas con la mejor calificación posible se queda en el 1,3% en el caso de Madrid y en el 2% en Barcelona.
Emisiones cero en 2050
Sin embargo, gran parte de los españoles consideran que su vivienda es eficiente. Según el I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad elaborado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliario), así lo confirman el 82,2% de los encuestados. No obstante, más de seis de cada diez desconoce cuál es el certificado energético de su casa, tal y como revela el mismo informe.
En España, más del 80% de los edificios y viviendas reciben una calificación energética E, F o G, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es decir, ineficientes. "Esto se debe a que el parque edificado español está muy envejecido, ya que más de la mitad fue construido antes de 1980, cuando aún no había entrado en vigor el Código Técnico de la Edificación que obliga a los constructores a cumplir unos mínimos de eficiencia", destaca Dolores Huerta, directora general de GBCe.
Las viviendas deberán tener como mínimo un certificado de eficiencia 'D' en 2033
De este modo, se plantea un importante reto para el parque edificado en nuestro país. La Comisión Europea, en la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPDB), establece el año 2030 como la fecha límite para que los propietarios y compradores de viviendas con calificaciones energéticas más bajas, es decir, G o F, puedan reformarlas y rehabilitarlas para conseguir, al menos, una calificación E. En enero de 2033, la exigencia para las viviendas llegará hasta la letra D o mejor. Este mandato de Bruselas se incluye en los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS, en sus siglas en inglés), hitos temporales intermedios que deben fijar los Estados miembros para alcanzar el objetivo de que el 100% de los edificios sean cero emisiones en 2050.
