El acceso a la vivienda y el esfuerzo económico que deben realizar las familias para poder comprar o alquilar una vivienda ha crecido en los últimos años. De hecho, pese a las últimas políticas de vivienda que se han ido aplicando en los últimos años tanto a nivel estatal como regional "nos encontramos en el mismo nivel de sobreendeudamiento que cuando comenzó la crisis de 2007".
Así lo asegura el informe "Los retos de la vivienda en clave europea" elaborado por la Fundación Disenso al que ha tenido acceso elEconomista.es y en el que el concepto se sobreendeudamiento se refiere a aquellos hogares que destinan el 40% de sus ingresos a costes relacionados con la vivienda.
Concretamente, el informe apunta que de acuerdo con datos de Eurostat, mientras el sobreendeudamiento en las ciudades españolas antes de la crisis de 2007 había oscilado entre el 5,7% (2004) y el 8,2% (2006), en 2007 ya alcanzó el 10,1%, alcanzando su máximo en 2016 (12,1%). Desde 2008 hasta 2017 se situó alrededor del 11,4%, mientras que entre 2018 y 2020 se situó alrededor del 10%, subiendo de nuevo al 11,4% en 2021, "a pesar de la multitud de cambios legislativos, nuevas normas y políticas".
El informe, asegura además que "el Proyecto de Ley de vivienda de 2022, de resultar aprobado en su versión de inicios de 2022 o similar, no es, a nuestro juicio, un buen marco para comenzar a solucionar" los problemas de accesibilidad que se dan en el mercado de la vivienda en España.
"De hecho, percibimos dicho Proyecto, especialmente en lo referido a la "incivilización" de la propiedad privada sobre la vivienda la última vuelta de tuerca de 15 años de políticas de vivienda improvisadas e infructuosas". Así, aseguran que "la improvisada política de vivienda de los últimos 15 años- más los 12 anteriores inexistente e "inspirada" por el mundo financiero, hecha a rebufo de movimientos sociales y decisiones judiciales "robinprudenciales" haya implicado que en 2020 y 2021 España superase por primera vez la media de la UE del sobreendeudamiento por vivienda en las ciudades desde 2012".
Asimismo, destaca que han disminuido del 80,6% en 2007 al 75,1% en 2020 las familias que viven en su casa en propiedad y que, en consecuencia, muchos hogares "se hayan visto forzados a alquilar en un mercado que siempre había requerido más esfuerzo mensual que comprar con hipoteca hasta 2007 y que lo volvió a ser sin remedio desde 2012, provocando así su sobreendeudamiento".
Okupas y expropiación
El informe se muestra crítico con las últimas medidas en materia de vivienda que se han adoptado tanto a nivel estatal como regional.
Concretamente, destaca que en el período 2015-2017 las CCAA "reaccionan a la inacción e insuficiencia de las medidas estatales y comienzan a introducir normas de carácter meramente administrativo tendentes a forzar a los propietarios de viviendas a introducir vivienda en el mercado dificultando que la mantengan vacía, dificultando que puedan desahuciar en caso de impagos, imponiéndoles obligaciones de hacer, etc. a través de recargos tributarios, sanciones e, incluso, expropiaciones".
En 2019 a nivel estatal, el legislador reacciona reformando de nuevo la LAU (RDL 7/2019) "sin que se consiga moderar los precios de la renta en las zonas urbanas" y también exige más garantías a las familias para poder acceder a un préstamo hipotecario (Ley 5/2019).
"Cataluña, animada tras la constitucionalidad de sus medidas a partir de 2015, inicia una protección de los okupas por DL 17/2019 y sucesivas reformas, que acaban con su declaración de inconstitucionalidad en 2021, pero su recuperación por Ley 1/2022".
En los años del COVID19 en 2020 y 2021 se inicia la aprobación de diversas medidas extraordinarias, "muchas de ellas relacionadas con moratorias de pagos a alquileres e hipotecas y de desahucios, algunas de las cuales se han mantenido más allá del estado de alarma, como el RDL 1/2021, que también ampara la okupación para todo el país". Cataluña, por su parte, "aprovecha para controlar duramente la renta de los alquileres (Ley 11/2020), que luego también será declarada inconstitucional en 2022".
El pasado año, además del Proyecto de Ley de vivienda, también a nivel estatal se aprueba el RDL 6/2022, que en un contexto inflacionario, obliga por ley a que las cláusulas de estabilización de la renta de los contratos de arrendamientos urbanos, referenciadas necesariamente al IPC, queden fijadas en el 2% se ha prorrogado hasta finales de 2023. "A nuestro juicio, se trata de una expropiación sin compensación", apunta el informe.
El informe concluye que "el legislador multinivel ha visto como las medidas incrementales que ha venido tomando desde 2011 han tenido escasa eficacia para facilitar el acceso a la vivienda y en lugar de admitir que dichas medidas han carecido en su mayoría de fundamento alguno y de eficacia allí donde han existido antes, asesorarse adecuada y honestamente y ver qué debería hacerse, ha abandonado el incrementalismo y se ha pasado al rupturismo, claramente ya con el Proyecto de Ley de vivienda 2022".