Barcelona vuelve a ponerse en manos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para construir pisos protegidos. Con unas rentas que se duplicaron en lo que va de siglo y menos del 2% del parque de viviendas destinado al alquiler social, la alcaldesa, Ada Colau, ha firmado un préstamo de 145 millones de euros para desarrollar 1.100 hogares en el área metropolitana de la capital catalana.
Los trámites del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la entidad que agrupa tanto la capital catalana como las localidades de su alrededor, con la entidad pública europea comenzaron en abril y cristalizaron a finales de mayo. El crédito irá destinado a financiar "1.100 viviendas sociales destinadas al alquiler en diferentes municipios del área metropolitana de Barcelona".
Los desarrollos inmobiliarios se realizarán en los diferentes terrenos que tiene repartidos por las inmediaciones de la urbe el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol), centrada en la edificación en la primera corona de la ciudad.
Según los datos hechos públicos por el BEI, el proyecto barcelonés contempla una inversión total de 200 millones y estará regido por criterios de sostenibilidad. Sin embargo, no da pistas sobre los plazos en los que las viviendas verán la luz y serán al fin habitables.
Para el AMB, presidido por la propia Colau, el plan "tiene como objetivo aumentar la oferta de nuevas viviendas sociales y asequibles en régimen de alquiler". "Bridará nuevas opciones de alojamiento de calidad y eficiencia energética para familias de bajos y medianos ingresos y grupos vulnerables", añade en la documentación remitida a la institución europea.
Barcelona ya pidió casi 200 millones al Banco Europeo de Inversiones entre 2017 y 2021
No es la primera vez que Barcelona recurre a la entidad pública para financiar sus planes de vivienda social. En mayo de 2021, el Ayuntamiento firmó otro crédito de 65 millones de euros para desarrollar 490 pisos y servicios asociados –guarderías, un centro médico y biblioteca- en la ciudad. La obra tenía un coste total de 77 millones y la llevó a cabo el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación.
Fue entonces cuando Colau presumió de haber alcanzado un récord histórico en la construcción de hogares públicos. El consistorio celebraba haber erigido –o tener en proceso- 2.329 viviendas sociales. No obstante, el número era muy lejano a la promesa de la alcaldesa cuando llegó al consistorio con el acceso a la vivienda como bandera. En 2016 garantizaba que erigiría 8.800 casas hasta 2025. Todavía cuenta con tres años de margen.
En 2017, la edil ya pidió otros 125 millones de euros al BEI para edificar 2.198 pisos sociales.
El precio de la vivienda
A pesar de que la vivienda era una prioridad para Colau, los precios no dejaron de subir. Según el último informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, los alquileres y la compra de segunda mano y obra nueva escalaron por encima del 130% en lo que va de siglo. Los ingresos de las familias en cambio solo crecieron un 43,5%.
Las rentas también han aumentado desde que los comuns alcanzaron el poder. Si en el tercer trimestre de 2015 un alquiler costaba de media 765,2 euros, en el mismo periodo de 2021 había subido hasta los 932,3 euros (+22,1%), según el informe Repensar la metròpoli, fer metròpoli de Rethink BCN –el think tank de la patronal Foment del Treball–.
Además, el parque de pisos sociales es inferior al 2%, un dato que solo mejora a Grecia y Luxemburgo a nivel europeo y está muy lejos del 9,3% de la media del Viejo Continente. "El mundo local no dispone de los medios necesarios para asumir individualmente toda la política de vivienda y de alquileres", lamenta la institución, que pide más colaboración con las empresas.