Barcelona
Ada Colau pasó prácticamente de un día para otro de ser una activista antidesahucios a la alcaldesa de Barcelona. De liderar entidades sin ánimo de lucro a dirigir la principal fuente de financiación de estas organizaciones. Y con el cambio, el dinero hacia las asociaciones comenzó a fluir: las subvenciones crecieron por encima del 150% y pasaron a sufragar buena parte de los gastos de personal que tenían. Por ello, la investiga el juzgado de instrucción 21 de la capital catalana.
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) se querelló en enero contra la edil por una presunta gestión irregular de las subvenciones. Según la documentación adjuntada ahora en el procedimiento a la que ha tenido acceso elEconomista, el Ayuntamiento entregó más de 2 millones de euros en seis años a cuatro entidades en las que se forjaron tanto Colau como el equipo que la acompañó a la alcaldía en 2015.
Las asociaciones beneficiadas fueron el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y la Asociación contra la Pobreza Energética (APE), que vieron cómo se disparaban las cantidades que percibían del consistorio hasta en un 166%. Con la inyección podían hacer frente a prácticamente la totalidad de sus costes salariales.
Colau compareció en los juzgados el pasado 4 de marzo para explicar su papel. Se le acusaba de presunta prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Negó ante el juez haber influido en la concesión.
Los argumentos de la dirigente no convencieron a la acusación. En las alegaciones enviadas al magistrado, denunció que se había dedicado a desviar el foco de atención de los hechos. Las ayudas públicas van destinadas a sufragar "más del 70% de los gastos de personal de las entidades perceptoras, al mantenimiento de la estructura organizativa de las asociaciones afines con cargo a los fondos públicos", insistió.
"No sabemos cómo subsistían estas entidades antes de 2015", se pregunta el denunciante
En el caso del Observatorio DESC se financia hasta el 80% de los gastos de personal. "No sabemos cómo subsistían estas entidades con anterioridad a 2015", señaló el querellante. Más que financiar proyectos, las subvenciones parecen destinadas a "financiar estructuras", insistió.
La ATCD lamentó además que los más de 2 millones de euros invertidos no han servido para que las entidades "generen, con recursos propios, soluciones para los temas que centran su teórica consideración de servicios esenciales como la vivienda, la pobreza energética o la precariedad laboral".
Las subvenciones del Ayuntamiento de Barceloan se disparan en 2016
Los informes adjuntados por los denunciantes en el procedimiento muestran como escalaron las ayudas a las asociaciones. DESC, por ejemplo, pasó de recibir 240.000€ en 2014 -todavía con Xavier Trias en la alcaldía- a obtener 393.309 euros en 2016. El siguiente convenio bianual se firmó en 2018 y le reportó 324.000 euros que se repartió con la PAH, ISF y la APE. En 2019 percibió 129.868 euros por un proyecto sobre vivienda y energía. En 2020, firmó un contrato bianual idéntico al anterior. El año pasado percibió otros 79.879 euros.
Antes de saltar al Ayuntamiento, Colau había sido la responsable del área de vivienda del observatorio. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde hasta 2019 y actual diputado en el Congreso, fue su vicepresidente y Jaume Asens, también diputado, su secretario.
Mientras, Ingeniería Sin Fronteras percibió de manera individual 667.930 euros en los últimos seis años. En la entidad militó Eloi Badia, hoy concejal del Ayuntamiento y expresidente de Barcelona Serveis Municipals.
La ATCD pidió en marzo nuevos informes sobre las subvenciones, pero el juez declinó la petición y la acusó de querer montar "una causa general" contra la edil.
Fiscalía pide el sobreseimiento de la investigación a Colau
El Ministerio Público pidió el jueves archivar de forma provisional las investigaciones tras no detectar en ninguno de los expedientes irregularidades de índole penal. En el escrito solicitó "desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento".
Además, aseguró que las organizaciones que se vinculan con la causa no obtuvieron ningún trato de favor. "Las subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades", defendió.
De hecho, la institución ya investigó los mismos expedientes el año pasado sin apreciar indicios de delito, algo que sigue sin ver después de las últimas diligencias realizadas en el juzgado.
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