Rafael Pardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA-CV), ha defendido en la Universitat de València su tesis doctoral La protección social de los trabajadores autónomos: una propuesta de mejora, que analiza la situación de este colectivo y realiza una doble comparativa: respecto a los trabajadores del régimen general en España y respecto al marco existente en otros países. (Más contenidos sobre la actualidad económica en la revista gratuita eE Comunitat Valenciana).
Pardo, licenciado en Derecho, considera que las recientes reformas legislativas en España "han permitido avanzar en el objetivo prioritario de convergencia entre los trabajadores por cuenta propia y los del régimen general, aunque aún quedan cuestiones por mejorar". En su tesis, plantea 72 medidas que contribuirían a mejorar la protección social de este colectivo, que en la Comunitat Valenciana está integrado por más de 340.000 profesionales.
ATA ha valorado positivamente la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. ¿Cuáles son las principales aportaciones y qué medidas fundamentales para el colectivo quedan pendientes?
Creemos que la nueva ley, sin ninguna duda, ha supuesto una mejora de la protección del colectivo. Hay medidas muy interesantes, tanto para el emprendedor como para el que ya es trabajador autónomo. Por ejemplo, se han mejorado las bonificaciones en cuotas; las deducciones fiscales; se incluyen medidas que favorecen la contratación; que mejoran la conciliación familiar -como las prestaciones por maternidad y paternidad-; para el trabajador que alcanza la edad de jubilación, se avanza en compatibilización de la pensión con el trabajo autónomo... Se han quedado medidas pendientes, algunas de las cuales aún estamos a tiempo de incluirlas, porque en estos momentos está trabajando la subcomisión creada en el Congreso para la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), con representación de todos los grupos parlamentarios. Está realizando un estudio de la situación para proponer medidas que continúen mejorando la protección del colectivo. Los trabajos se iniciaron en octubre, con la intervención del presidente nacional de ATA, y tienen hasta final de año para emitir las conclusiones. Después se iniciará el trámite parlamentario.
¿En qué cuestiones se espera que aporte novedades la subcomisión?
Entre otros puntos, tendrá que delimitar el concepto de habitualidad, que determina la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Hasta ahora, no se ha definido claramente y ha sido objeto de muchos procesos y sentencias judiciales. Otros temas relevantes son la posibilidad de que el autónomo pueda tener derecho a la formación bonificada -a la que ahora solo tienen derecho los trabajadores del régimen general- o el sistema de cotización a la Seguridad Social -seguir con base mínima ampliable o cotizar en función de beneficios -muy importante, porque va ligado a los derechos-. El debate está sobre la mesa. Hay muchas cuestiones, pero destacaría éstas.
Acaba de presentar una tesis sobre la protección social del autónomo, en la que ha trabajado durante tres años. En términos comparativos con el resto de Europa, ¿en qué posición quedaría España?
En términos generales, la verdad es que la protección del autónomo en España estaría por encima de la media en Europa. También es verdad que la cotización del autónomo ha ido aumentando a la par que sus derechos. Si analizamos el Real Decreto de 1970, que creó el régimen de autónomos, especificaba que el tipo de cotización era el 14 por ciento de la base. Ahora mismo, está en el 29,8 por ciento. Los nuevos derechos no han sido un regalo del sistema. Resumiendo: estaríamos por encima de la media en protección, pero también por encima de la media en tipo de cotización.
Sin embargo, no parece que el autónomo tenga esa percepción real de mayor nivel de protección.
Mi tesis incluye una encuesta que refleja un alto grado de desconocimiento en el colectivo respecto a las bases de cotización y a qué prestaciones da derecho cotizar a la Seguridad Social. Muchas veces nos quejamos de nuestros derechos sin saber cuáles son. Por ello, entre las medidas a aplicar planteo una campaña institucional permanente sobre el régimen de autónomos, en colaboración con asociaciones y colegios profesionales.
Su análisis deriva en 24 conclusiones y 72 propuestas concretas. Una parte de ellas se centran en el sistema de pensiones. ¿Qué plantea?
El debate sobre el futuro de las pensiones es fundamental. Creo que en España debería establecerse un sistema mixto, con recaudación a través de cotizaciones sociales -que resultan ya insuficientes- y a través de los impuestos -con asignación en los Presupuestos Generales del Estado-. ¿Dónde está escrito que un sistema de financiación de la Seguridad Social obligatoriamente tenga que ser autosuficiente? Otro debate sería qué impuestos e intentar mejorar el gasto; gastar mejor. Otro tema importante relacionado con esta materia es que los autónomos con más de 47 años de edad tienen limitado el aumento de la base de cotización. En este momento, solo pueden llegar a subir la base hasta un 220 por ciento superior a la mínima. Se implantó en su día para evitar lo que se conocía como compra de pensiones. Eso tenía lógica cuando se tenían en cuenta solo los últimos años de cotización, pero ahora que se van a tener en cuenta 25 años, no la tiene y supone una injusta discriminación. Hay que quitar el techo a esa base; que pueda cotizar hasta el máximo contemplado para los trabajadores de régimen general. Además, se solicita la integración de las lagunas de cotización del Reta para el cálculo de prestación por jubilación y por incapacidad. Si tenemos tres años no cotizados, no computan nada, mientras que en el régimen general, computan por la base mínima. Se plantea, o bien computar también la base mínima o hacerlo a través de la doctrina del paréntesis -retroceder a los años anteriores al cómputo-. Se incluye, también, que el autónomo pueda elegir si se tienen en cuenta los últimos años para el cálculo de la pensión o toda la vida laboral.
En cuanto al resto de propuestas, ¿cuáles destacaría como las que pueden tener mayor impacto y ser más viables?
Desde el punto de vista de incentivación del trabajo autónomo, existe la posibilidad de percibir el pago único del subsidio por desempleo, para iniciar una actividad, y, también, la posibilidad de compatibilizar prestación con el trabajo autónomo durante nueve meses. Propongo ampliarlo hasta 12 meses y, además, que sean acumulables: poder recibir una parte como pago único y recibir el resto como prestación mientras se inicia la actividad. Y, en el caso de pluriactividad -autónomos que cotizan ya en régimen general-, lo que planteo es que, si ya cotiza a tiempo completo, haya una exención o una cotización parcial -que entiendo que es más viable y muy razonable-. En el caso de los autónomos colaboradores -cónyuges-, establecer la posibilidad de cotización a tiempo parcial.
Otra propuesta fundamental es que el trabajador por cuenta propia tenga acceso a todos los subsidios de desempleo y rentas de inserción existentes, como ocurre en la mayoría de Europa: por pérdida de empleo, para mayores de 45 años, de 55 años, renta activa de inserción, Plan Prepara... A pesar de ser prestaciones no contributivas, los trabajadores por cuenta propia quedan ahora excluidos, al contrario de lo que ocurre en países como Alemania o República Checa. Además, habría que hacer permanentes las bonificaciones por discapacidad -y que entren en vigor en cualquier momento y no solo en nuevas altas- y extenderlas al autónomo societario, para el que no aplican.
Se incluyen, también, varias medidas orientadas a la mejora de la conciliación familiar, como, por ejemplo, la equiparación de bonificaciones por maternidad y paternidad a las de los trabajadores de régimen general y la mejora de los subsidios familiares no contributivos -hijo a cargo, adopción, parto múltiple...-. En este último ámbito, en España las cuantías son escasas y limitadas por nivel de ingresos, mientras que en Europa, en general, son mayores y de aplicación universal. Otros puntos son la posibilidad de bonificar la contratación de un sustituto cuando el autónomo esté en situación de incapacidad temporal, en los mismos términos que ya se aplican en caso de maternidad, y eliminar la exigencia de no tener personal asalariado para acogerse a bonificaciones por excedencia por cuidado de hijos. En un país con tan alto índice de paro estructural, ser autónomo empleador debería ser objeto de discriminaciones positivas, pero nunca negativas.
Uno de los factores considerados más negativos del trabajo autónomo es quedar fuera de la prestación por desempleo. ¿Qué propone?
Se ha avanzado mucho en los últimos años en la prestación por cese de actividad, pero habría que abordar, también, reformas. En línea con los países nórdicos, propongo un sistema mixto, con una cotización básica universal, obligatoria, y otra parte complementaria voluntaria, para que el autónomo pueda cotizar más si lo desea. Además, en este momento, para poder cobrar la prestación por motivos ecónomicos, se exige tener pérdidas del 10 por ciento respecto al año anterior. Planteo que si el trabajador por cuenta propia tiene ingresos inferiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional pueda acogerse a la prestación por causas económicas.
La mayoría de estas medidas abordan cuestiones de competencia nacional. ¿Qué puede hacer la Administración autónomica?
Las autonomías tienen competencias en políticas activas de empleo. En otras regiones, como Madrid o Murcia, se han establecido complementos a la tarifa plana, ampliando su vigencia. También se puede hacer más para promocionar el autoempleo y para ayudar al autónomo ya en activo. Un ejemplo en esta línea han sido las ayudas articuladas por la Conselleria de Economía para autónomos en situación de consolidación -con cuatro y cinco años de alta-, que cubren las cuotas de la Seguridad Social durante un año. Han tenido mucho éxito; para ser el primer año, han llegado a mucha gente y el próximo año el número de solicitudes seguro que será mayor. Podría haber otras ayudas. Además, hemos planteado a la Generalitat la posibilidad de crear un programa de relevo generacional. Muchos negocios viables cierran por no tener sucesión, cuando hay muchos emprendedores que darían lo que fuera por asumir un negocio que funciona. Se trataría de crear una bolsa de personas que desean transferir su negocio, tanto patrimonial como de experiencia y conocimientos -con formación durante el año previo al traspaso- y emprendedores. La propuesta a Economía ha sido bien recibida, pero, hasta ahora, no se ha hecho nada. Además, se podría mejorar la fiscalidad en Sucesiones, que provoca, también, el cierre de muchos negocios, y analizar posibles bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF. Otra línea es la ayuda al autónomo que ha cerrado; por ejemplo, para formación y aumento de sus posibilidades de inserción laboral.
Más contenidos sobre la actualidad económica en la revista gratuita eE Comunitat Valenciana.
