Valencia
El Gobierno valenciano ha reasignado la mayoría de los fondos presupuestados para gastos de personal de 2021 y que no se ejecutaron para hacer frente al incremento de los gastos sociales y sanitarios que sí superaron lo presupuestado, como el gasto farmacéutico y las prestaciones de dependencia, además del pago por sentencias judiciales condenatorias.
En total, el Consell aprobó el pasado mes de enero destinar 282,5 millones de euros de distintas secciones del gasto de personal de 2021 que finalmente no se agotaron a otras partidas cuyo gasto final sí que se incrementó respecto a las estimaciones presupuestarias, según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Una modificación una vez terminado el ejercicio que según explican desde la Conselleria de Hacienda es una práctica que se repite todos los ejercicios con el excedente de lo presupuestado que se genera en el capítulo de personal, una de las mayores de la Administración valenciana.
En la elaboración de las cuentas se contabilizan obligatoriamente todos los puestos de trabajo previstos por la Administración, además de otros conceptos como bajas y sustituciones que hacen que al cierre del año las partidas desembolsadas se queden habitualmente algo por debajo de la presupuestado, aunque su grado de ejecución es mucho más elevado que otras partidas como las de inversiones o subvenciones. Los 282 millones representan cerca del 3,5% del capítulo de personal del presupuesto de 2021.
Desde Hacienda además hacen hincapié en que precisamente por la pandemia y el incremento de plantillas en Sanidad y Educación se desembolsaron 360 millones de euros más a gastos de personal que en 2020.
El destino final
En este caso, la mayoría de los fondos excedentes se han destinado al gasto farmacéutico del pasado mes de noviembre, en concreto 120,79 millones de euros. El pago de las prestaciones para dependencia de Servicios Sociales ha sido otro de los beneficiados, con 86,87 millones.
Además, otros 17 millones de euros han sido destinados al pago de sentencias judiciales contrarias a las que está obligada la Generalitat, la mayoría correspondientes también a Sanidad. También 46 millones se destinan a amortizar deuda a corto plazo.
