Valencia
El Gobierno valenciano de coalición formado por socialistas, Compromís y Unidas Podemos va a incluir por primera vez en sus cuentas públicas varias partidas elegidas directamente por los ciudadanos. Una iniciativa de presupuestos participativos con la que los socios de la Generalitat consideran que plasman una de sus promesas electorales de democratizar y abrir la gestión de la Administración valenciana. Sin embargo, los resultados cosechados muestran que si de algo no puede presumir esta iniciativa es de haber generado una gran participación.
En total, el Gobierno valenciano incorporará 96 propuestas a las que destinará fondos públicos en los presupuestos de los dos próximos ejercicios, a la espera de que aún se apruebe su anteproyecto para llevarlos a Les Corts. Apenas 9 de ellos han contado con más de un millar de votos de apoyo popular y ninguno de ellos ha llegado a rozar los 2.000 votos.
Es decir, que el 90% de los proyectos ha sido seleccionado con el respaldo de menos de un millar de valencianos. Incluso en el proceso de las votaciones finales apenas participaron 11.809 personas, menos que las que avalaron las propuestas presentadas inicialmente, cerca de 23.000, y muy lejos de los 3,6 millones de electores censados en la autonomía.
Una situación que, por poner un ejemplo, propiciará que se vayan a destinar 6 millones de euros a un propuesta que apenas ha recibido el respaldo de 76 ciudadanos: la construcción de varias plantas de compostaje de residuos orgánicos en el interior de Castellón. Con menos de 40 votos también se han incluido actuaciones como rehabilitar un campanario o recuperar espacios relacionados con la Guerra Civil y la Ley de Memoria Democrática.
Más del 60% descartados
El escaso interés que han generado entre la ciudadanía en general no es la única pega que se le pueden poner a una de las iniciativas con la que los partidos del Gobierno del Botànic en teoría buscan ampliar la participación ciudadana y democratizar la gestión. De las 241 propuestas que se presentaron a principios de año, sólo el 39% pasaron la criba de la Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida -la antigua Izquierda Unida en Comunidad Valenciana-.
La mayoría de las solicitudes se declararon inviables, algunas de ellas porque se consideraban que los proyectos ya estaban recogidos en iniciativas en marcha de los distintos departamentos del Gobierno valenciano. Sin embargo, eso no ha sido inconveniente para que otra parte de los proyectos se hayan aprobado para destinar los fondos a partidas ya existentes o previstas de la Generalitat. Ese es el caso de la compra de vivienda para destinarla al parque público de alquiler, que se contempla en 4 propuestas que supondrán aportar 12,2 millones al presupuesto ya contemplado.
Ese mismo argumento sin embargo ha servido para excluir propuestas asociaciones y colectivos vecinales que reclamaban nuevas infraestructuras, como soterrar o ampliar tramos de líneas de la empresa pública autonómica FGV, que explota el metro y tranvía de Alicante y Valencia. Sus solicitudes han sido consideradas inviables por "superar el límite presupuestario" y no ser ejecutable en dos ejercicios.
El rechazo a la mayoría de proyectos contrasta con la realidad de que casi una quinta parte de los fondos previstos para estas iniciativas han quedado sin asignar. Algo más de 23 millones de los 125 millones de euros anunciados en mayo para el conjunto de estos presupuestos participativos se han quedado sin destino.
No solo eso. Varias de las propuestas presentadas que sí han sido aprobadas se han modificado profundamente hasta el punto que poco tienen que ver con lo que inicialmente se pretendía. El caso más evidente es la iniciativa que recibirá más fondos públicos, con un total de 15 millones de euros. Su objetivo era garantizar la visita de médicos especialistas al menos una vez al mes en las zonas menos pobladas del interior. La Generalitat consideró que no era viable técnicamente "porque con su desplazamiento se aumentarían las listas de espera en estas especialidades" y que para esa atención especializada "se precisa en la mayoría de los casos de material que no se puede trasladar". Pese a ello, en este caso no desestimó la iniciativa, sino que la aprobó modificándola de forma que destinará esos fondos a proyectos de telemedicina en general que cubran todo el territorio.
