Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana contrata a una gestora para cobrar el aluvión de multas 'covid'

  • Desde julio apenas ha cobrado el 1% de las más de 90.000 sanciones
  • MCG recibirá 1,74 millones por tramitar y gestionar las multas
Un control en Valencia.
Valencia

Las restricciones impuestas por el Gobierno valenciano en los últimos meses, como los cierres perimetrales o el toque de queda, para tratar de evitar los contagios de coronavirus han disparado las sanciones y han llevado al Consell a recurrir a una gestora privada para su tramitación.

El Pleno del Consell ha aprobado hoy la declaración de emergencia de la contratación del servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante la Covid.

Un contrato que en la práctica supone subcontratar la tramitación de las sanciones administrativas impuestas, incluida la gestión del cobro de las sanciones, por las restricciones de los últimos meses y ante cuyo aluvión la Administración valenciana apenas ha iniciado una mínima parte.

La Generalitat, que se ocupa de tramitar las sanciones desde el pasado 25 de julio, solo ha podido cobrar desde esa fecha menos del 1 % de las multas, 814 sobre las 94.000 impuestas.

Adjudicado

El contrato ya se ha adjudicado a la empresa Martínez Centro de Gestión, por un importe de 1,74 millones de euros (IVA incluido) y tiene una duración máxima de un año. La firma del Grupo MCG es también la encargada de la gestión y recaudación de las multas del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo.

Según la Generalitat, se han acumulado ya más de 95.000 actas de denuncia de las distintas fuerzas y cuerpos policiales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana a causa de la perimetración de los municipios de más de 50.000 habitantes.

"Ante tal número de actas de denuncia por incumplimiento de la normativa Covid-19 y ante la excepcionalidad del momento, se ha requerido la necesidad de contratar por emergencia un servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública", señala la Generalitat, que asegura que no dispone de recursos humanos suficientes para hacer frente a ese volumen de sanciones sobrevenidas a consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria.

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