Nueva dimisión por administrarse la vacuna antes de que le correspondiese según el protocolo, en este caso en la Administración de Justicia. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha presentado su renuncia tras hacerse público su caso.
Continúa la polémica por los cargos públicos vacunados sin pertenecer a los grupos de riesgo incluidos en la normativa de la Conselleria de Sanidad. Tras los casos de alcaldes y concejales en la Comunidad Valenciana, ahora se ha hecho público que el fiscal general de Castellón era otra de las personas que se saltó la lista.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha aceptado este miércoles la renuncia del fiscal jefe de Castellón José Luis Cuesta, tras constatar el incumplimiento por su parte de los dispuesto en la Estrategia de vacunación para la Covid-19 en España.
Cuesta alega para su renuncia, según comunicado de la Fiscalía General del Estado, "motivos personales". Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal señalan que se ha constatado que ha incumplido con la estrategia de vacunación que fue aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Según una investigación de la Conselleria de Sanidad valenciana, en la autonomía se ha inyectado la primera dosis de la vacuna a más de 150 personas que no estaban incluidos en los grupos previstos en el protocolo.
Hoy también ha dimitido la concejala socialista de Sanidad y Bienestar Social y primera teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera, que reconoció haber cometido un error al aceptar ser vacunada cuando se le ofreció. Morera también asegura que renunciará voluntariamente a la segunda dosis.
La polémica ahora, además de en las responsabilidades y posibles dimisiones, también se encuentra en sí esos cargos deben ahora recibir la dosis o no, como defiende el presidente valenciano Ximo Puig.
