Valencia
La Generalitat Valenciana va a poner en marcha una "acción directa" a favor de los autónomos, poniendo a disposición 57 millones de euros a través de propuestas y medidas que se van a evaluar con los agentes económicos y sociales y que se formalizarán en un pleno extraordinario del Consell que se celebrará la semana que viene.
Así lo ha avanzado el 'president', Ximo Puig, tras reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y los secretarios generales de UGT PV, Ismael Sáez, y CCOO PV, Arturo León, para analizar el Real Decreto del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus, un encuentro en el que también han participado los máximos responsables de Hacienda, Economía y el IVF.
Según ha explicado, este mismo miércoles se constituye el grupo de trabajo formado por agentes económicos y sociales, junto al IVF, para buscar el itinerario que vehicule esas medidas. El objetivo es que "no haya ningún autónomo que tenga que dejar su actividad".
"La semana que viene los autónomos valencianos van a tener una respuesta por parte del Consell, vamos a ayudarles en este tránsito tan difícil", ha recalcado Puig, que ha señalado que se estudiarán conjuntamente las posibilidades, que pueden ser ayudas directas o créditos "totalmente favorables", entre otras.
Real decreto "en la buena dirección"
El 'president' ha explicado que en la reunión se ha hecho una valoración positiva del Real Decreto con medidas económicas ante la crisis y ha apuntado que "va en la buena dirección" aunque no acaba con todas las medidas que hay que desplegar para hacerla frente, aquellas estructurales que se deberán ver más adelante.
Ha puesto en valor las medidas paliativas que ha anunciado el Gobierno y ha destacado la necesidad de divulgarlas, ya que la comunicación es fundamental para que todas las personas afectadas puedan acogerse a ellas.
Además, ha explicado que la Generalitat puede ayudar a la hora de dar liquidez a las empresas, un espacio en el que "no se da respuesta suficiente", según han coincidido los presentes, todo ello con el "gran objetivo" de que no se destruya empleo" y "facilitar una pasarela ante la falta de actividad y, por tanto, de solvencia".
Así, a través del IVF la Generalitat articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno ya anunciado. Esos créditos computarán como capital de las empresas y el banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.
Se trata de una medida complementaria para que las empresas valencianas puedan acceder sin problemas al programa de financiación anunciado por el Gobierno.
El IVF, ha dicho Puig, "se constituye como el instrumento más potente que puede tener la Generalitat en la finalización de todo este trayecto de medidas que propone el Gobierno". Asimismo, ha insistido en que Europa "debe dar una respuesta sí o sí" a esta situación.
Ha querido agradecer también a los proveedores que, contribuyendo a la seguridad alimentaria, están haciendo "un trabajo extraordinario en un momento de estrés" y ha celebrado que los momentos de "impulso en la compra" han ido bajando y eso "es positivo para el orden y la convivencia".
Preguntado sobre la administración, con casos de funcionarios contagiados, ha indicado que se están tomando las mismas medidas que se deben aplicar en el conjunto de las empresas. La actividad económica y administrativa continúa, ha dicho, pero en unas condiciones determinadas siguiendo las indicaciones sanitarias.
La voluntad es hacer todo lo que se pueda mediante teletrabajo y poder conjugar la seguridad de los trabajadores con la eficacia en la prestación del servicio público. Las desinfecciones, ha dicho, se realizan siguiendo las indicaciones sanitarias, sobre todo en los espacios de mayor afluencia.
La CEV pide agilidad en las ayudas
Por su parte, Salvador Navarro ha apuntado que el Real Decreto es "positivo" y valorado la línea de avales públicos para que las empresas no se queden sin liquidez y ha señalado que estas medidas deben ser ágiles, ya que les preocupa que el decreto "entre en una fase de burocracia farragosa" porque se necesita "urgencia".
También ha reclamado una moratoria absoluta de impuestos y el aplazamiento de pagos y trasladar a los empresarios que la administración va a ayudarles, especialmente a los autónomos, para evitar "situaciones de nerviosismo y que se puedan tomar decisiones demasiado arriesgadas".
La CEV espera que, en un momento posterior pero no muy lejano, el Gobierno central aborde un segundo y contundente paquete de medidas de apoyo directo para las empresas, que posibilite la implementación una política de choque anticíclica. Todo ello, en coordinación con la UE y el resto de los gobiernos nacionales, así como con las comunidades autónomas.
Arturo León (CCOO PV) ha manifestado la necesidad de mandar un mensaje de tranquilidad y certeza porque "las administraciones públicas están detrás" y van a dedicar "recursos ingentes": "De esta situación saldremos adelante sin ninguna duda".
Ha subrayado la necesidad de agilizar los ERTE para que las empresas puedan adaptarse lo antes posible a las circunstancias y ha pedido a la Generalitat que se comprometa a "no resolver ningún tipo de contrato con las empresas que prestan servicio en las administraciones públicas valencianas, dando un mensaje de solidaridad y compromiso".
Ismael Sáez (UGT PV) ha destacado, por su parte, que se vayan a anticipar liquidaciones a las comunidades, así como avanzar el FLA y extra FLA para poder actuar y ha pedido que las administraciones "paguen sus deudas para evitar situaciones de insolvencia y meter dinero en empresas que lo necesitan".
"Cuando escuché el Real Decreto estaba contento, se han tomado decisiones de verdad, valientes y de calado. Que algunos digan que son parches es una frivolidad sin sentido", ha zanjado.
¿Qué debe hacer una pyme?
Ante la pregunta de qué debe hacer una pyme para afrontar una situación como la actual, desde la patronal se ha pedido que se analice la situación y se tomen decisiones "con cierta serenidad, viendo que hay un día después".
"No sabemos si dentro de 15, 20 o 30 días, pero hay un día después y ese mensaje es el que hay que lanzar. Tomemos las decisiones que tengamos que tomar, pero también pongámosle ética y moral", ha agregado.
Desde CCOO se ha aludido a los ERTE como medida transitoria para estos casos o también a la negociación de medidas de flexibilidad interna como pactar reducciones de jornada que podrían complementarse con prestaciones: "Que hagan todo lo posible por mantener la producción, el Estado y las comunidades apoyarán para que la actividad económica no caiga". Para UGT lo que deben hacer es informarse y acceder a las ayudas.
