El sector de las VTC calienta motores para abrir una batalla legal contra el 'decreto antiUber', en el caso de que, tal y como se prevé, sea convalidado el 25 de octubre en el Congreso de los Diputados. Las dueñas de las licencias han contratado así a una decena de bufetes de abogados de primera fila para elaborar una estrategia judicial que permita llevar ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley 13/2018, impulsado por el Gobierno para dejar en manos de las Comunidades Autónomas (CCAA) la regulación y limitación de la actividad de Uber y Cabify en las ciudades.
Entre los despachos que conforman el ejército legal reclutado por las VTC se encuentran Clifford Chance, Gomez Acebo & Pombo, Cuatrecasas, Garrigues, Charta Abogados, Casado Oliva y las áreas legales de KPMG y PWC, entre otros. También forman parte del equipo los abogados de Unauto, como José Andrés Diez, los de Uber, Cabify y de otras firmas del sector. "Vamos a pasar el rodillo de legalidad. No vamos a escatimar ni en abogados ni en recursos para defender el futuro del sector y el empleo de miles de familias", aseguran fuentes de Unauto a este diario.
Los abogados de los distintos bufetes se reunieron el martes para trabajar sobre las líneas generales de la estrategia legal que se va a llevar a cabo y que, aunque todavía no está ultimada, ya tiene los primeros esbozos. Así, los representantes legales del sector están a la espera de conocer el resultado de la votación del Real Decreto Ley 13/2018 para concretar un calendario de reuniones y ultimar los pasos que se darían.
De momento, las dueñas de VTC estudian solicitar al Ministerio de Fomento una moratoria de entre 24 y 30 años para adaptar las licencias de VTC nacionales a la nueva normativa, con el objetivo de asegurar que todos los propietarios puedan amortizarlas y compensar cualquier perjuicio por lucro cesante, inversiones indirectas o los despidos a realizar. El Real Decreto contempla una prorroga de cuatro años, que se puede ampliar en dos más si el sector lo solicita antes de 2019.
Las dueñas de las licencias buscan llevar el Real Decreto ante el Constitucional por la vía indirecta
En el caso de que Fomento denegara la ampliación de moratoria para que las VTC nacionales dejen de poder hacer tráficos urbanos, el grueso de su actividad, el sector, liderado por Uber y Cabify, abre la puerta a presentar un Contencioso Administrativo contra Fomento por violar sus derechos. A su vez, si alguna CCAA empezara a regular su actividad, el sector podría recurrir la norma ante el Tribunal Superior de Justicia por violar sus derechos de propiedad y de libertad de empresa, que están recogidos constitucionalmente. En estos casos, sería el juez el que, o bien de oficio o bien por petición de alguna de las partes, planteara una cuestión de inconstitucionalidad de la norma o el Real Decreto el que sustenta esa prohibición o limitación.
En este punto, se podría plantear por cuestión de forma, ya que no se aprecia "especial urgencia" para modificar la Ley de Transporte Terrestre, tal y como apunta Garrigues, o de fondo. Y es que, las dueñas de las licencias buscan llevar el Real Decreto ante el Constitucional por la vía indirecta, ya que éste sólo puede ser recurrido por el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, 50 diputados o una CCAA.
