El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca ha estimado que sería inconstitucional transferir por decreto ley las competencias normativas sobre autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a las comunidades autónomas.
En un dictamen a instancias del despacho Gómez-Acebo & Pombo, García Roca, también letrado en excedencia del Tribunal Constitucional, añade que en su lugar el Gobierno debería aprobar una ley orgánica de delegación. El catedrático alerta de que, de haberse elaborado mediante ley orgánica por delegación, se produciría también una "peligrosa fragmentación" del mercado pues, a su juicio, las competencias deberían circunscribirse al ámbito territorial de cada comunidad autónoma.
El dictamen de García Roca se adelanta unos días a la probable aprobación el próximo viernes por parte del Consejo de Ministros de un real decreto ley sobre la actividad de los VTC.
"Suscita muchas incógnitas y podría comprimir en exceso los intereses privados de los afectados, de no resultar mínima la regulación autonómica y muy prudente la local"
Por la nueva norma, que modificará la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), el Estado facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España.
Opina sobre un sistema de dobles regulaciones, de la comunidad autónoma y del municipio, que "suscita muchas incógnitas y podría comprimir en exceso los intereses privados de los afectados, de no resultar mínima la regulación autonómica y muy prudente la local". Por ello, considera que "urge esperar" a que se conozca con detalle el nuevo diseño legislativo que prepara el Gobierno en relación con las VTC.
No obstante, señala sobre la nueva norma que no hay en sentido estricto una "extraordinaria y urgente necesidad" y opina que "es muy probable" que sea inconstitucional modificar por decreto ley la LOTT, "aunque ya se hizo en 2018", apostilla. García Roca concluye que no cabría revocar autorizaciones de VTC anteriores a la ley sin expropiación y abono de compensaciones.
Abrirá un nuevo proceso legal: las empresas recurrirán ante los tribunales
Se espera que el nuevo texto legal detalle esta cuestión, en el sentido de que no sean obligatorias dichas compensaciones o bien que éstas recaigan en las comunidades autónomas que adopten la medida.
La posibilidad de reclamar una compensación económica ya fue apuntada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado, que en un informe reciente subrayó que una doble licencia para el ejercicio de la actividad sería contraria al ordenamiento jurídico europeo y español y al tener efecto revocatorio debería ir acompañada siempre de una indemnización.
Unauto VTC, la asociación que representa al 90 % del sector, ya anunció que recurrirá ante los tribunales pertinentes, Competencia (CNMC) y la Unión Europea la nueva norma que prepara el Gobierno si aprecia "cualquier restricción" a sus derechos.
Fuentes del sector de los VTC han apuntado que la supresión de licencias ya autorizadas abriría una puerta a indemnizaciones, que podrían alcanzar los 3.758 millones de euros.
