"Al final, las VTC van a pedir a las Comunidades Autónomas que las regulen. Se encargarán ellas de que así sea, si quieren seguir operando tráficos urbanos". Así de contundentes se mostraron la semana pasada fuentes de Fomento, al ser preguntadas por este diario por la reforma que la Abogacía del Estado y los técnicos del Ministerio llevan semanas urdiendo para poner coto a la actividad de Uber y Cabify.
Y es que unas de las claves del Real Decreto Ley que el departamento que dirige José Luis Ábalos tiene previsto llevar al Consejo de Ministros el 28 de septiembre pivota sobre el principio de que son las distintas autonomías las que se tendrán que encargar de regular la actividad urbana de las VTC y decidir qué tamaño tiene que tener la flota que opere en su territorio, en base a criterios como "densidad de tráfico", "contaminación" o "demanda".
Para ello, Fomento va a dar un plazo de entre tres y cinco años a las CCAA, en el que van a tener que empezar a expedir licencias autonómicas y crear un marco normativo para su actividad, que luego se pueda desarrollar vía ordenanzas municipales. Es decir, que se sometan a la misma estructura normativa que el taxi, que, según defendió el propio Ábalos durante su visita a la feria Innotrans en Berlín, "están hiperregulados, mientras que las VTC disfrutan de una normativa muy laxa, que les da ventajas competitivas".
Paralelamente al surgimiento de flotas de VTC autonómicas, que vendrán a sustituir a las nacionales, Fomento se irá retirando del ámbito urbano y se limitará a regular los tráficos nacionales (entre autonomías), tal y como sucede actualmente con las líneas de autobús. Es decir, que se inhabilitará a las VTC nacionales a operar dentro de las ciudades (tráficos con origen y destino intraprovinciales), por lo que a los dueños de las mismas les compensará haber conseguido una autorización autonómica, ya que el grueso del negocio actualmente está en realizar trayectos dentro de las ciudades. En este punto, en el Ministerio se ha abierto la puerta a que las VTC nacionales hagan trayectos rurales y sirvan para conectar pueblos con las ciudades que tengan problemas de conectividad. Así, si una autonomía no regula la licencia autonómica, pasado el plazo las nacionales dejarán de servir, ya que se excluirán de los tráficos con trayecto solo urbano.
El Tribunal Constitucional determinó en su día que las autonomías tienen la competencia exclusiva de regular los tráficos que discurren íntegramente por su territorio, por lo que, según defiende Ábalos, la actividad de los vehículos que operan con Uber y Cabify se circunscribe a esta situación. A su vez, la ley de transporte terrestre da a las autonomías capacidad para emitir sus propias VTC, tal y como ya han hecho Cantabria y Canarias, y también les permite fijar el ratio VTC/Taxi siempre y cuando no sea superior a 1/30. Baleares tiene fijado un ratio del entorno de 1/12 en función de la isla. En este punto, se da un plazo de tres o cinco años debido a que "hay que dar un plazo de adaptación" y a que las elecciones autonómicas son en 2019. Así, en plena campaña electoral, la Comunidad de Madrid corre el riesgo de enfrentarse a las protestas de los taxistas, pese a que se ha negado en varias ocasiones a regular el sector.
Aunque fuentes de Fomento insisten en que la Abogacía del Estado ha dado con la vía de modificar el status quo actual y permitir que las autonomías tiendan a recuperar el ratio 1/30, sin tener que pagar indemnizaciones, lo cierto es que la entrada en vigor de la modificación de la ley traerá consigo multitud de pleitos, no solo por los criterios que se fijen para otorgar las licencias. Se tratará de impugnar la medida, apelando a que se atenta contra la libre competencia y la unidad de mercado que tanto defiende la UE y la CNMC y se pedirán indemnizaciones por vaciar de contenido a las VTC nacionales, al eliminar su capacidad de hacer tráficos netamente urbanos. Un conflicto que las autonomías tienen muy presente, al haber pedido ya fondos a Fomento.
