Uber declaró el año pasado en Holanda ingresos netos procedentes de toda Europa por un importe de 4.014 millones de dólares (unos 3.420 millones de euros), un 150% más que un año antes. La compañía cuenta con un complejo entramado societario que le permite ahorrar impuestos dentro de los límites de la ley y los Países Bajos, con una tributación reducida, son una pieza clave.
Aunque el grupo está encabezado desde una sociedad en San Francisco (California, EEUU), la matriz del negocio holandés es Neben LLC, domiciliada en Delaware, un pequeño territorio offshore norteamericano. De de ella cuelga Uber International BV, la sociedad domiciliada en Ámsterdam, matriz de casi medio centenar de compañías que tienen en su sede en la misma ciudad, que es la que aglutina el negocio europeo y declara la facturación global. Una de sus participadas, por ejemplo, es Uber International Holding, propietaria de las acciones de la filial española Uber Systems Spain.
El año pasado, de acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil holandés, Uber International BV declaró activos por un importe de 4.112 millones de dólares (3.500 millones de euros) y obtuvo un resultado bruto de 526 millones de dólares (450 millones de euros). Es una cifra que supone diez veces más que el año anterior cuando fueron solo 50,3 millones. En total, la empresa norteamericana de transporte con conductor pagó en concepto de impuestos de sociedades un total de 190,5 millones de dólares a la Hacienda holandesa (alrededor de 160 millones de euros).
El negocio en España
En 2017 la filial española ganó 163.514 euros, lo que supone casi duplicar su beneficio en comparación con los 83.401 euros que contabilizó el ejercicio precedente. Con todo, y al igual que hacen el resto de sociedades en cada país traslada a Holanda los ingresos que logra por la comisión que cobra a las empresas de transporte por usar su aplicación.
En España, Uber declaró el año pasado unos ingresos de 2,88 millones de euros, pero esa cifra corresponde en realidad a actividades de marketing local y apoyo en servicios a matriz holandesa, que es la que en realidad aglutina los ingresos por las comisiones cobradas, según explica la compañía en sus cuentas. En 2017, Uber pagó en España 53.817 euros de impuesto de sociedades, un 89,5% más que en 2016.
A la espera de que el Consejo de Ministros cumpla con su promesa a los taxistas y cambie hoy la Ley de Transporte Terrestre (Lott) para frenar a las VTC en las ciudades, Uber declina hacer declaraciones sobre su tributación. Cabify, que tiene también su matriz en Delaware, sí que ha reivindicado, sin embargo, en los últimos días su papel como contribuyente a erario público.
Más incluso, según dicen, que el gremio del taxi. "Cabify y los coches con licencias VTC que operan con la plataforma ya igualan a los taxis en el pago de impuestos y el año que viene les superarán", ha explicado fuentes de la compañía fundada por Juan de Antonio. "Según las estimaciones realizadas, todo el sector del taxi contribuye con 60 millones al año a las arcas públicas ya que cotizan por un sistema de módulos", detallan. Así, señalan que con una flota muy inferior en 2017 contribuyeron casi lo mismo y que, vista la evolución del sector, les superarán.
En concreto, Cabify defiende que solo la plataforma pagó 3,9 millones de euros en IRPF, IVA y cotizaciones sociales en 2017 (1,3 millones en 2016), un ejercicio en el que facturó 72,9 millones de euros y perdió 3,67 millones. Así, reconocen que todavía no han pagado el impuesto de sociedades pero que lo harán cuando empiecen a ganar dinero, algo que puede suceder ya este año.
Pese a todo, ayer más de 200 conductores de VTC cortaron ayer los seis carriles centrales del Paseo de la Castellana de Madrid a la altura de la plaza de Cuzco para reivindicar su derecho a trabajar ante el inminente decretazo del taxi. Al comienzo de la manifestación, el presidente de Unauto, la patronal de VTC, Eduardo Martín, reprochó al Gobierno la falta de diálogo al considerar que "quiere mandar a 15.000 trabajadores a la ruina con el único objetivo de apoyar al monopolio del taxi".
La temida regulación
Según los datos preliminares del borrador, todo parece apuntar que Fomento dará carta blanca a las Comunidades Autónomas para regular Uber y Cabify. Sin embargo, quién hace la ley hace la trampa y las asociaciones de taxistas denunciaban ayer el temor al periodo de transición (entre tres y cinco años) de la puesta en marcha de estas medidas ya que esto, en otras palabras, supone que durante este periodo los conductores de estos vehículos podrán circular como hasta ahora en las principales ciudades españolas.
Durante el periodo de transición, los ayuntamientos y comunidades solo podrán limitar la actividad de las VTC con las medidas actuales, es decir, limitar la circulación en función de problemas medioambientales o de tráfico. Posteriormente, los conductores de Uber y Cabify deberán contar con una licencia urbana adicional -fin de la regla del 80/20 de poder prestar un 20% de los servicios fuera de la Comunidad Autónoma-.
El sector del taxi pidió ayer que el texto sea claro para que no admita ni ambigüedades ni interpretaciones y ante la disparidad de opiniones dentro de las comunidades autónomas sobre asumir o no las competencias en materia de VTC. No obstante, Fomento también tiene previsto elaborar un Proyecto de Ley -que entrará en vigor a principios de 2019- para sancionar a aquellos conductores que incurran en la captación irregular de clientes, si cumplen la regla 80/20 o si el viaje no ha quedado registrado en la nueva web de control que se habilitará en diciembre.
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