El Congreso de los Diputados aprobó este martes la modificación de la Ley Postal, un paso considerado "trascendental" por el Gobierno al asegurar las finanzas de la mayor empresa pública del país, Correos, sumida en una profunda crisis de negocio tras superar los 1.000 millones de pérdidas en la última década.
El nuevo marco legal, aprobado con una amplia mayoría de 299 votos al lograr que PSOE y PP se pusieran de acuerdo, permite que Correos extienda hasta 2030 su condición de operador designado del Servicio Postal Universal (SPU) y le asigna nuevas funciones como proveedor de Servicios de Interés Económico General (SIEG), lo que conllevará una financiación adicional garantizada de 400 millones de euros anuales durante al menos cinco años.
Este hito formaba parte del plan estratégico 2024-2028 diseñado por Pedro Saura tras su llegada a la presidencia del ente público. En consecuencia, se reconoce al operador como un instrumento estatal para llevar servicios esenciales a todo el territorio, incluidas zonas rurales y despobladas.
La reforma legal, uno de los cambios más relevantes en los 300 años de historia de la compañía, también redefine la metodología para calcular las compensaciones públicas que percibirá Correos, tanto por el SPU como por los nuevos servicios encomendados. Lo hace como respuesta a las continuas reclamaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que cuestionó su contabilidad y lleva revisándola desde el año 2011.
Entre las funciones incluidas como SIEG figuran trámites administrativos, servicios financieros básicos o la obligación de movilizar medios logísticos y humanos en situaciones de emergencia. Además, el nuevo marco establece el compromiso de firmar un contrato-programa con la Administración General del Estado para articular estas obligaciones de servicio público con estándares de calidad y objetivos medibles, por definir en los próximos meses.
Saura ha calificado la aprobación como "un hito histórico" fruto del consenso entre el Gobierno, los sindicatos y la propia compañía. Según Saura, "juntos se ha alcanzado este logro fundamental para la ejecución del Plan Estratégico 2024-2028", que persigue modernizar el modelo de negocio y garantizar la viabilidad económica de la empresa pública.
Más paquetes y menos cartas
La reforma legal se produce en paralelo a un profundo proceso de transformación interna. Correos pretende reducir su dependencia del negocio postal tradicional, que aún representa entre el 66% y el 70% de los ingresos, y potenciar otras líneas con mayor recorrido como la paquetería —favorecida por el auge del comercio electrónico— y los servicios financieros a través de su nueva Entidad de Dinero Electrónico.
El objetivo del plan es que los ingresos totales de la compañía pasen de los 1.819 millones de euros de 2023 a 2.285 millones en 2028, lo que supondría un incremento del 26% en cinco años. Solo la paquetería prevé crecer un 90%, hasta los 293 millones, y elevar su peso del 24% al 35% en la facturación global.
La diversificación —seguros, servicios financieros, colaboraciones con administraciones— pasará del 10% al 16% en el mismo periodo. Esta evolución se apoya en una previsión de margen de explotación del 6% y en la expectativa de alcanzar resultados operativos positivos ya desde los primeros ejercicios del nuevo plan.
Más de 10.000 salidas de personal
La transformación también implica una importante reestructuración de la plantilla para rebajar su inmensa masa salarial, que supera los ingresos de la compañía. Correos extendió recientemente hasta 10.028 el número de empleados que podrán acogerse a salidas voluntarias e incentivadas antes de 2028, frente a los 8.000 previstos inicialmente.
La medida, que afectará a una quinta parte de la plantilla, se dirige a trabajadores que tengan 61 años antes de 2028 —o 57 años en la actualidad— y que cumplan con los requisitos para la jubilación anticipada. La empresa provisionó 427 millones de euros en las cuentas de 2024 para cubrir este proceso, lo que situó el resultado anual en unas pérdidas de 522 millones.
El plan, que se negocia con los sindicatos en el marco de la segunda fase del IV Convenio Colectivo, incluye también compromisos para rejuvenecer la plantilla con nuevas contrataciones, mejorar las condiciones laborales, aplicar la jornada de 35 horas semanales y avanzar en materia de igualdad y conciliación.
Financiación asegurada
La financiación de 2.000 millones de euros en cinco años que contempla el nuevo estatus legal de Correos como proveedor de SIEG duplica la compensación prevista inicialmente —200 millones anuales—. De esta cuantía, la mitad se destinará a cubrir costes estructurales y el resto a impulsar nuevas líneas de negocio.
La dirección de la empresa pública confía en que este respaldo económico permita dejar atrás años de estancamiento y pérdidas, incluso en periodos de auge del comercio electrónico. Entre 2019 y 2023, los ingresos por paquetería cayeron un 7% pese al impulso generado por la pandemia. En un escenario sin reforma ni plan estratégico, los ingresos de Correos apenas crecerían un 3% hasta 2028, frente al 26% previsto con el nuevo rumbo.
El Plan Estratégico contempla también inversiones en sostenibilidad, digitalización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. "Ahora hay que recorrer esta senda con firmeza", subrayó Saura, "cumplir con las obligaciones que establece la Ley y responder con responsabilidad a los nuevos retos".