Correos actualizó este martes los detalles de su plan de salidas incentivadas para personal laboral, elevando la cifra inicial de 8.000 empleados a más de 10.000 trabajadores que podrán acogerse a esta medida progresivamente hasta 2028, el equivalente a una quinta parte de la plantilla. La empresa, que provisionó 427 millones de euros para cubrir el coste de estas salidas, ha ampliado el plazo para negociar con los sindicatos hasta finales de julio, a la espera de recibir la aprobación definitiva del nuevo marco financiero en el Senado, lo que requiere del visto bueno del Partido Popular.
La ampliación se produce en el marco de la segunda fase del IV Convenio Colectivo, que contempla además la reorganización del modelo organizativo, la mejora de las condiciones laborales y salariales, y el rejuvenecimiento de la plantilla mediante la incorporación de nuevo personal. El plan establece que para finales de 2028 los hasta 10.028 empleados que opten por la salida voluntaria tendrán 61 años, o 57 en la actualidad, frente a los 63 planteados previamente, y deberán cumplir los requisitos de la Seguridad Social para su jubilación anticipada.
Los sindicatos con representación en la empresa (UGT, CCOO, Sindicato Libre y CSIF) participaron este martes en una nueva reunión tras la prórroga del plazo de negociación, coincidiendo en la necesidad de implantar la jornada laboral de 35 horas semanales sin merma salarial, un compromiso que consideran fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en Correos.
UGT ha reclamado que el plan de salidas sea "digno y satisfactorio" para quienes se acojan a él y garantice a la vez un cambio profundo para quienes permanezcan, con mejoras en las condiciones laborales, salariales y opciones reales de desarrollo profesional. Además, insiste en la necesidad de información completa y transparente para poder negociar con garantías, y en la implementación de medidas concretas de igualdad retributiva, respeto a la conciliación y flexibilidad laboral.
CCOO ha exigido que se abone ya el 0,5% de subida salarial pendiente desde enero de 2024 y aprobado este martes en el Consejo de Ministros para todos los empleados públicos. También reclama un aumento sustancial en las próximas revisiones salariales, en el marco del convenio que rige hasta 2028. El sindicato advierte que los cambios organizativos previstos no serán viables sin un aumento de sueldo que compense adecuadamente a la plantilla, y exige un compromiso firme por parte de la dirección y la SEPI, propietaria de Correos.
CSIF ha destacado que más de 10.000 laborales fijos podrán pedir la salida voluntaria siempre que cumplan con los requisitos legales, y ha subrayado la necesidad de que cada salida se compense con un plan de nuevas contrataciones para rejuvenecer la empresa. El sindicato defiende que el nuevo convenio debe mejorar todos los aspectos laborales y salariales, sin pérdida de derechos, y reclama la implantación urgente de la jornada de 35 horas.
La negociación está condicionada a la aprobación en el Senado del nuevo marco normativo y financiero que otorgará a Correos el estatus de Servicio de Interés Económico General (SIEG). Este estatus garantiza una financiación anual de 400 millones de euros durante al menos cinco años, destinada a cubrir el Servicio Postal Universal y otros servicios públicos esenciales, con un total previsto de 2.000 millones de euros que permitirá reducir la deuda y financiar la reorganización y modernización del servicio.
El proceso de negociación se desarrolla en un contexto de tensión sindical, con un sindicato crítico, CGT, que convocó huelga y manifestaciones el pasado fin de semana contra el acuerdo marco suscrito por Correos y la mayoría de sindicatos, al entender que profundiza en la precariedad laboral. Por su parte, los firmantes defienden los avances en estabilidad, conciliación y condiciones laborales que incluye el plan de excedencias incentivadas ya en marcha para funcionarios.