Correos aplazará a julio la negociación con los sindicatos de su plan de salidas incentivadas para el personal laboral, que incluye la reducción progresiva de plantilla, y la reorganización de su modelo de negocio. Lo hará después de agotar el plazo inicial dado por ambas partes para negociar —que caduca el 30 de junio— y a la espera de que el Senado dé luz verde al nuevo marco legal y financiero que se aprobó la semana pasada en el Congreso, después de que el PSOE colase su plan de rescate de la compañía postal pública como una enmienda más dentro de la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias, y fuera aprobado gracias a la abstención del PP.
Así lo confirmó la compañía postal ayer jueves, convocando a los sindicatos a una nueva reunión de la mesa de negociación del IV Convenio Colectivo para el próximo 1 de julio para tratar la denominada "segunda fase" del acuerdo marco pactado a finales del año pasado, pese a que el plazo inicial dado por ambas partes tenía como límite el próximo lunes, 30 de junio.
Entre los acuerdos a tratar en esa "segunda fase" se encuentran las salidas del personal laboral, que afectará a unos 8.000 empleados, el nuevo modelo organizativo y cursar las peticiones de los sindicatos, que comprenden el diseño de planes de empleo para rejuvenecer la plantilla y cubrir nuevos puestos; la mejora de las retribuciones y condiciones laborales, o la implantación progresiva de la jornada laboral de 35 horas sin pérdida salarial.
CCOO ha reclamado "una discusión seria y profunda, con información y diálogo continuo", tras denunciar semanas atrás que, pese a los compromisos firmados, el Gobierno, Hacienda, SEPI y la dirección de Correos siguen "dilatando el cumplimiento del acuerdo", lo que "roza la línea roja de su incumplimiento".
El resto de sindicatos mayoritarios (UGT, CSIF y Sindicato Libre), que actúan de forma coordinada, emitieron un comunicado el pasado 13 de junio denunciando la ausencia de nuevos datos ni propuestas por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la compañía postal, lo que a su parecer, se traduce en la falta de una negociación real.
Pendientes del PP en el Senado
La enmienda aprobada en el Congreso recoge el contenido del Acuerdo Marco cerrado a finales de 2024 y que fue suscrito entre Correos, el Ministerio de Hacienda, la SEPI y los sindicatos UGT y CCOO, y concede a la compañía el estatus de Servicio de Interés Económico General (SIEG), lo que asegura financiación específica y le permite asumir nuevos servicios públicos esenciales. A partir de ahora, la norma se tramitará en el Senado, donde se prevé su debate definitivo en algún pleno extraordinario de julio a convocar, y que podría salir adelante con una nueva abstención del Partido Popular.
El texto establece una compensación anual de 250 millones de euros para cubrir la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) y otros 150 millones al año para el desarrollo de los nuevos servicios encomendados, como gestiones administrativas, entrega de documentos oficiales, servicios de identidad digital, gestión de tributos y un sistema de pagos básicos. En total, 400 millones al año durante un período mínimo de 5 años, lo que supondrá inyectar 2.000 millones a la empresa pública, cuyo endeudamiento ronda los 1.000 millones.
El marco normativo y financiero permitirá a Correos avanzar con el plan de salidas voluntarias pactado con los sindicatos. En marzo, cuando finalizó el primer plazo pactado para negociar entre empresa y sindicatos, ya se acordó una primera fase de excedencias incentivadas dirigida a 451 funcionarios que está a punto de ejecutarse. También entonces se acordó el cierre de centros nodales, un proceso que también cuenta los días para darse por culminado.
Huelga este viernes y sábado
En este contexto, el sindicato CGT ha convocado una huelga para este viernes y sábado, 27 y 28 de junio, en protesta contra el acuerdo marco suscrito por la empresa y el resto de sindicatos (UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre). El sindicato denuncia que el pacto profundiza en la precariedad, al recortar gastos de personal –excepto en la dirección–, implantar jornadas irregulares, aplicar movilidad funcional y territorial, y establecer un sistema retributivo inspirado en empresas como Amazon.
CGT también ha convocado una manifestación este viernes en Madrid entre el Congreso de los Diputados y la sede central de Correos. Frente a estas críticas, los sindicatos firmantes defienden que el acuerdo permite avances en estabilidad laboral, mejoras salariales, progresión profesional y conciliación, con medidas ya implementadas como el plan de excedencias de funcionarios.