El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles el proyecto del nuevo mapa concesional de transporte por autobús, el paso previo a lanzar el mayor concurso público de servicios de movilidad de España. El proyecto, cuyo valor ha sido incrementado respecto a las previsiones iniciales hasta superar los 9.000 millones de euros para un periodo de diez años, reorganizará y regularizará el sistema actual de concesiones —caducado desde 2019—, y abre la puerta a una nueva etapa en la gestión del transporte interurbano y urbano en la región metropolitana.
La reorganización afectará a los 36 contratos actuales —30 interurbanos y 6 urbanos— que prestan servicio a través de 26 empresas, muchas de las cuales acumulan décadas de antigüedad en sus rutas. El nuevo esquema, tras un largo proceso de participación y revisión, se traducirá en 21 concesiones de mayor tamaño y estructura más racional, con el objetivo de ofrecer cobertura al 98% de la población regional a través de un total de 472 líneas, de las cuales 20 serán completamente nuevas.
Los principales interesados
Entre los grupos que ya han manifestado su intención de postularse al concurso figuran los dos principales operadores de transporte en España, Alsa (integrada en el grupo británico Mobico) y Avanza (del grupo mexicano Mobility ADO), que además de consolidar sus operaciones en Madrid, aspiran a extender su presencia en el principal mercado de transporte del país.
La compañía asturiana ejecutó varias compras en el pasado, como Argabús o Herranz, para extender su presencia a casi todos los corredores de la región. Por su parte, el grupo mexicano adquirió el año pasado la compañía Autocares Julián de Castro para reforzarse en la Sierra tras integrar bajo su operativa a empresas históricas como Etasa, Larrea o Llorente.
También se espera que participen otros operadores con presencia en la región. Entre los que han confirmado públicamente su intención por competir en busca de nuevos trayectos se encuentran Grupo Ruiz—dueña de Empresa Martín y que absorbió las operaciones de Autoperiferia— o Arriva (propiedad del fondo I Squared), ambas embarcadas en sendos procesos de expansión a otros segmentos de la movilidad.
En la quiniela también participan otras empresas familiares o actores históricos que absorbieron a otras homólogas, como Aisa, Interbus, Samar, Francisco Larrea, Empresa Boadilla, Empresa Montes o Cevesa, esta última con solo una única línea operativa. Aunque competir con operadores de mayor tamaño no les resultará fácil, el diseño conservador del concurso en el reparto territorial de las concesiones podría jugar a su favor, al contar con un conocimiento más profundo del terreno.
Empresas familiares contra multinacionales
Pero el tamaño del concurso, junto con su duración de diez años prorrogables por otros cinco más, ha despertado un notable interés entre otros grandes grupos nacionales e internacionales. Además de quienes pretenden conservar sus operaciones o expandirlas, se han posicionado actores como la compañía catalana Moventis (Grupo Moventia), también inmersa en su crecimiento internacional y a otros segmentos con compras como la del grupo de concesionarios Gil.
Fuentes del sector tampoco descartan a la gallega Monbús, ya implantada en Alcalá de Henares; o incluso a la alicantina Vectalia, con fuerte presencia en Alicante y que también está en plena expansión por el País Vasco o Marruecos. Asimismo, se espera que entren en liza las multinacionales francesas Transdev y Keolis, activas en otros mercados europeos, o la británica Go Ahead Group, participada por la gestora de infraestructuras Globalvia.
Sin afección al servicio
La complejidad normativa y la necesidad de resolver 1.700 alegaciones presentadas durante la consulta pública —con más de 9.500 ítems técnicos, jurídicos o económicos— han dilatado el proceso. El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, explicó que se han incorporado más del 45% de las aportaciones recibidas, lo que ha obligado a consensuar los pasos posteriores con la Abogacía General debido a diferencias entre la normativa estatal y la autonómica.
El directivo confirmó a finales de julio en la Asamblea de Madrid que la licitación de los 21 proyectos arrancará en cuanto se aprueben las rutas. La tramitación administrativa exigirá aún la intervención de la Comisión de Evaluación Financiera y una segunda autorización del Consejo de Gobierno antes de la adjudicación definitiva, pero una vez esté, las nuevas concesiones se pondrán en marcha nada más se formalicen los contratos, sin necesidad de esperar a que acabe el año en curso.
El CRTM ya había previsto una ampliación de los contratos actuales —caducados en muchos casos desde 2019— ante la imposibilidad de activar las nuevas concesiones antes del 1 de enero. Por tanto, los actuales operadores continuarán prestando el servicio al menos este año. "No va a haber ninguna paralización de servicios", aseguró Sardinero, que recordó que la prórroga fue aprobada por el Consorcio por dos años, aunque el objetivo es activar las nuevas rutas en 2026.
Más líneas y nuevas conexiones
El nuevo mapa incluirá rutas exprés que reducirán los tiempos de viaje y nuevas líneas de tipo BuP (bus de uso prioritario), con vehículos eléctricos y plataforma reservada. El objetivo es facilitar conexiones más rápidas y transversales, que eviten pasar por Madrid capital y mejoren la intermodalidad con otros modos de transporte.
También se rediseñan los servicios urbanos dentro de municipios integrados en el sistema interurbano, con mejoras en frecuencias y conexión con intercambiadores, estaciones de cercanías o líneas de metro. En localidades como Coslada, Torrejón, Las Rozas, Majadahonda o Alcorcón, se prevé una renovación sustancial de la red urbana para atender nuevos desarrollos y zonas con escasa cobertura.
Las nuevas concesiones obligarán a las empresas adjudicatarias a renovar progresivamente sus flotas. En 2036, el 85% de los autobuses deberá ser de tipo 'eco' o 'cero', lo que supone una renovación masiva del parque móvil regional. Además, se implementarán nuevos sistemas tecnológicos como el pago con tarjeta bancaria sin contacto y un nuevo marco tarifario con dos únicas zonas: Madrid capital y el resto de la comunidad.