Cataluña se desmarca del proceso de liberalización ferroviaria al que se verá abocada España en los próximos años y blinda su control sobre los servicios de cercanías a través de una empresa mixta con Renfe. El nuevo operador Rodalies de Catalunya SME SA, que asumirá la gestión de los trenes de proximidad a partir del 1 de enero de 2026, ha sido diseñado para esquivar las obligaciones impuestas por la normativa europea y garantizar que la Generalitat mantenga el dominio sobre este servicio público sin necesidad de convocar concursos.
El reglamento europeo 1370/2007 establece que todos los servicios ferroviarios considerados Obligaciones de Servicio Público (OSP), como Cercanías, Regionales, Media Distancia y Avant, deben adjudicarse mediante licitación pública, transparente y no discriminatoria.
España está obligada a cumplir esta exigencia a partir de 2028, fecha fijada por el Ministerio de Transportes tras retrasar el calendario inicial por motivos operativos. En la actualidad, Renfe presta estos servicios a través de un contrato-programa firmado en 2018, vigente hasta 2027 y prorrogable hasta 2032. A partir de entonces, el operador que preste el servicio tendrá que haber ganado por un concurso público previo.
Sin embargo, el caso catalán rompe la regla general. El modelo pactado por el Gobierno y la Generalitat permitirá que Cataluña se convierta en un banco de pruebas para mantener la prestación directa de servicios ferroviarios a través de operadores públicos sin pasar por licitación. La clave está en que el nuevo operador mixto estará participado en un 50,1% por Renfe Viajeros y en un 49,9% por la Generalitat, pero el diseño de la gobernanza otorga a esta última el control efectivo del consejo de administración: cinco miembros, incluido el presidente con voto de calidad, frente a los cuatro de Renfe.
Este diseño pretende sortear tanto las reticencias del personal de Renfe, que ha amagado con huelgas por temor a perder condiciones laborales, como la obligación de sacar a concurso la operación de los trenes. Además, limita la entrada de nuevos competidores, como las operadoras francesas Transdev o SNCF Voyageurs. Esta última que ya opera en alta velocidad en España bajo la marca Ouigo y ha mostrado interés en extender su presencia.
La normativa comunitaria contempla excepciones para adjudicaciones directas si se realizan a operadores "internos", es decir, empresas públicas controladas como una administración, sin participación significativa de capital privado y que no compitan fuera del territorio de la autoridad local. Casos como Euskotren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ya se benefician de esta vía.
La Generalitat aspira a encajar su nuevo operador en esa categoría para evitar la liberalización, aunque el modelo escogido es más complejo que el de FGC. La CNMC ha advertido en varias ocasiones de que la adjudicación directa solo puede aplicarse si se cumplen estrictamente los requisitos del reglamento. En su única comunicación al respecto, el regulador recalcó que la norma "resulta de aplicación también a las autoridades autonómicas", una advertencia que refleja sus dudas sobre la legalidad del modelo catalán.
El Ministerio de Transportes no ha emitido aún una posición oficial sobre el caso catalán y sigue elaborando la orden ministerial que regulará el procedimiento general de licitación de los servicios OSP. El regulador de la competencia, por su parte, ha instado a todas las autoridades, estatales y autonómicas, a apostar por procesos abiertos y progresivos para adaptar el mercado ferroviario a las normas comunitarias.
Con este movimiento, Cataluña se adelanta al proceso nacional de liberalización y establece un precedente que podría marcar el futuro del mapa ferroviario en España. La batalla jurídica sobre la consideración del nuevo operador como "interno" será determinante para saber si la Generalitat podrá mantener el control de Rodalies más allá de 2026 sin competir en el mercado.