Transportes y Turismo

La España vaciada pierde el 75% de las rutas de larga distancia

  • Las paradas interprovinciales pasarán de casi 2.000 hasta solo 495 debido al nuevo mapa concesional del transporte por carretera
  • Las regiones más afectadas son Teruel que perdería 54 paradas; Cuenca, 40; Soria, 33 y Guadalajara, 28
Parada en una zona rural de España. e. press
 

Especial Movilidad

 

Un nuevo golpe para la España vaciada. Nuevamente, parece ser la gran olvidada del Gobierno, ya que se espera que se reduzcan el 75% de las paradas de autobús de larga distancia, es decir, de las casi 2.000 que hay actualmente se quedarán solo en 495. El motivo es la nueva propuesta del mapa concesional del transporte por carretera que ha impulsado el Ministerio de Transporte. Esta medida afectará a 1.417 municipios, la mayoría de zonas escasamente pobladas, que verán como desaparecen las paradas del autobús, impidiéndoles la movilidad.

La cruda realidad es que este nuevo mapa, sumado al cierre de la línea convencional de ferrocarril entre Madrid, Cuenca y Valencia, y a la supresión inminente del transporte, deja a decenas de pueblos aislados. El denominado Corredor 12, que cubre las rutas Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia y Madrid-Guadalajara-Teruel-Valencia, en este momento en fase de alegaciones, será el primero en cerrarse.

Esta medida se justifica en base a unos criterios de "eficiencia" y "viabilidad económica", aunque para la España rural no sea el caso. Así, desde las comunidades autónomas no se han quedado de brazos cruzados y los partidos políticos Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y La Otra Guadalajara ya han rechazado públicamente esta propuesta no sólo por el recorte en las paradas, sino también por el coste que tendrán que asumir. De hecho, en el caso de Castilla-La Mancha se estima que este gasto podría alcanzar los 13 millones de euros. Los portavoces políticos comparan la situación con otros países, pues "en Francia o Alemania lo que hacen es planificar el transporte rural como parte del sistema general. No depende de si se gana dinero o no. Hay una política pública detrás".

Menos paradas

En definitiva, solo la ciudad de Teruel perdería 54; Cuenca, 40; Soria, 33 paradas y Guadalajara, 28. En palabras de David Cardeñosa, concejal en Tarancón y portavoz de Cuenca Ahora, "muchos de estos pueblos ya no tienen ni farmacia ni consultorio. La única forma de ir al hospital de Cuenca es ese transporte. Y ni siquiera está adaptado." Por otro lado, Ángel Tejía, portavoz de Soria ¡YA!, explica que va a desaparecer la línea Soria-Calahorra, con más de un siglo de historia. "Es una pérdida de un derecho", dice. "Esto es condenarnos al aislamiento absoluto", argumenta Agustín Ruiz, representante de La Otra Guadalajara. Asimismo, el diputado aragonés Tomás Guitarte, destaca la paradoja de que la ley de movilidad sostenible reconozca el derecho a moverse, mientras el Estado lo cercena. "La evaluación de impacto rural que exige la ley nunca se hizo. Este plan se hizo de espaldas al territorio".

En términos generales, y más allá de suponer un aislamiento para los ciudadanos de estas regiones, la reducción de las paradas interprovinciales puede tener consecuencias en el impacto de la economía local, pues puede derivar en una caída del comercio y del turismo local. Ante esta situación, los municipios y las comunidades afectadas solicitan financiación. Sin embargo, la respuesta desde el Gobierno es clara. "España necesita reorganizar sus líneas de autobús de largo recorrido porque el servicio actual no sirve para conectar los grandes núcleos de población. Es caro y se tarda mucho tiempo lo que reduce notablemente el número de usuarios", comentó el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

A raíz de un sistema de concesiones, el plan busca, según el propio Ministerio, hacer más competitivo al transporte en autobús, con mejores tiempos de viaje y mejores tarifas, ya que se podría reducir un 20% el precio del billete. Además, Santano añadió que "queremos que las comunidades autónomas asuman sus competencias y den servicio entre los pueblos y ciudades de su territorio. Estamos dialogando con todos los Gobiernos autonómicos y ofrecemos una financiación extraordinaria, más de 40 millones de euros para garantizar el servicio sin que nadie pierda".

Despoblación y desigualdad

Ahora bien, según el informe Pobreza del transporte, elaborado por el Observatorio del Transporte y la Logística en España, las familias de las áreas urbanas destinan casi un 11% de su presupuesto anual a la movilidad, mientras que, por el contrario, en las zonas rurales asciende hasta el 14,1%. No cabe duda de que la dependencia y la necesidad de un vehículo privado para poderse moverse encarece el gasto de las familias.

Los expertos decretan que la movilidad es una herramienta fundamental para la inclusión. Luis Camarero, catedrático de Sociología Rural en la UNED, explica que "cualquier reducción del transporte, tanto en número como en frecuencia, afecta a grupos poblacionales muy concretos que no tienen la movilidad a través de automóviles particulares". Entre ellos, menciona "personas mayores que no tienen ya carnet de conducir, personas con bajos ingresos o sin acceso a vehículo propio, y también jóvenes que todavía no han accedido al carnet o no tienen vehículo".

Por otro lado, López Escolano considera que el gran problema del nuevo mapa es su enfoque: "Está basado en un modelo de ciudad. Si tú utilizas los mismos criterios para evaluar el transporte rural que el urbano, lo que haces es eliminar todo lo rural". Y añade: "Esto no es una cuestión técnica, es política. Han decidido que no van a pagar por el transporte rural".

A raíz de esto, se ha puesto más el foco en la tecnología, ya que puede ser una gran aliada que puede ayudar a paliar las consecuencias negativas de este nuevo mapa. "El sistema de parada bajo demanda es tecnológicamente viable. Si no hay viajeros, no se para. Pero si los hay, sí. No es tan complicado", afirma Tejía. "El mapa, tal como está diseñado, responde más a los intereses de las grandes concesionarias que a los ciudadanos", decreta. "Queremos servicios equivalentes porque pagamos impuestos equivalentes", concluye Guitarte. "No somos ciudadanos de segunda. La tecnología permite soluciones, pero falta voluntad".

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