El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trasladó este miércoles a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que recibirán un total de 355 millones de euros para financiar las nuevas ayudas al transporte colectivo urbano e interurbano a partir del 1 de julio. El anuncio se ha producido en el marco de la Comisión de Directores Generales de Transportes, convocada por el Ministerio para abordar el rediseño de las ayudas públicas al transporte.
El nuevo sistema de financiación, que entra en vigor en la segunda mitad del año, marca el inicio de una etapa de transición hacia una política de bonificaciones más focalizada en los usuarios recurrentes y en los colectivos vulnerables.
Hasta ahora, las ayudas generalizadas aplicadas desde 2022 habían servido como respuesta a la escalada de precios, pero el departamento que dirige Óscar Puente busca ahora centrar los recursos en mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia un modelo tarifario más integrado.
En este contexto, el Ministerio ha presentado a los representantes autonómicos el proyecto de billete único nacional, cuya implantación está prevista para 2026. El objetivo es permitir a los usuarios desplazarse en distintos modos de transporte —como autobús, tren de cercanías o metro— sin necesidad de cambiar de título de transporte ni de operador.
Este sistema no incluirá la alta velocidad, pero sí los servicios públicos urbanos, metropolitanos y estatales, además de los sistemas de bicicleta pública y, en fases posteriores, los servicios de movilidad compartida. La implantación del billete único requerirá una solución tecnológica interoperable, capaz de integrarse con los múltiples sistemas de ticketing de los operadores actuales.
Para ello, el Ministerio contrató a la ingeniería pública Ineco por 950.000 euros para definir los aspectos jurídicos, operativos y técnicos del nuevo modelo. Actualmente se encuentra en fase piloto con varios operadores del país para testar la viabilidad del estándar.
La iniciativa se inspira en modelos ya consolidados en Alemania o Austria, donde se ofrecen abonos mensuales válidos para todo el país por precios entre 30 y 50 euros. En el caso español, se prevé que el nuevo sistema comience por integrar los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe y los servicios de autobús estatales, para posteriormente incorporar el transporte dependiente de comunidades y municipios.
Sin avances en las nuevas rutas de autobús
En paralelo, Transportes sigue avanzando en la coordinación con las autonomías para el desarrollo del nuevo mapa concesional de servicios estatales de autobús, centrado en racionalizar las rutas interurbanas de largo recorrido. El objetivo es mejorar los tiempos de viaje, incrementar la ocupación y permitir una rebaja de tarifas superior al 20%, según los primeros estudios elaborados por el Ministerio.
El nuevo diseño, que ya ha empezado a implementarse con una primera ruta experimental, la Madrid-Valencia, y pretende sustituir el actual entramado concesional —heredado de décadas de prórrogas de contratos adjudicados en el franquismo— por una red más eficiente, conectada con los servicios autonómicos y adaptada a la demanda real.
Para facilitar esta transición, Transportes contempla una partida de más de 40 millones de euros dirigida a compensar a las comunidades por la integración de tráficos internos actualmente cubiertos por concesiones estatales, así como permitirles mantener los ingresos generados por dichos servicios.
La reunión celebrada este miércoles también ha abordado los últimos pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el sector del VTC. El Ministerio ha reiterado la necesidad de coordinar con las comunidades autónomas una regulación que garantice la sostenibilidad del modelo de taxi y vehículos de transporte con conductor.
En el encuentro participaron la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, la secretaria general de Movilidad Sostenible y el director general de Estrategias de Movilidad, así como los 17 representantes autonómicos. El Ministerio ha destacado el clima de colaboración mantenido con las administraciones autonómicas, con el objetivo de alinear las políticas de movilidad en el conjunto del territorio.
