La Comunidad de Madrid ha comunicado oficialmente a Cabify la concesión de 8.500 nuevas licencias VTC, que la plataforma solicitó hace casi ocho años. La decisión, tomada por la Consejería de Transportes, llega tras años de litigios judiciales resueltos favorablemente para la compañía, pero impone una condición inédita: la puesta en marcha inmediata de todos los vehículos en un plazo máximo de un mes.
La compañía tecnológica española ha confirmado que aceptará las licencias y activará los vehículos, pero advierte que la fórmula impuesta por el Gobierno regional contradice el criterio establecido por los tribunales. "Solicitamos que la incorporación se haga de forma ordenada y faseada", trasladan desde Cabify, que pide evitar una incorporación masiva que afecte al equilibrio del sector del transporte urbano.
La resolución administrativa se produce tras una serie de sentencias del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconocen el derecho de Cabify a recibir estas licencias sin más requisitos que los ya cumplidos en el momento de la solicitud.
A pesar de ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retrasó durante años su concesión. La medida ahora ejecutada se interpreta como una respuesta a la imposibilidad de seguir dilatando el cumplimiento de la legalidad, aunque con condiciones que Cabify califica de "desviación de poder".
Según la empresa, la activación masiva impuesta por la Comunidad ignora el fallo del TSJM, que ordenaba la entrega directa de las licencias sin condicionantes ni nuevos trámites. La firma considera que esta forma de proceder introduce una "carga artificial" tanto sobre la propia Administración como sobre el ecosistema de operadores de VTC y taxis, que tendrán que absorber el impacto de miles de nuevos vehículos en un corto periodo de tiempo.
El modelo de puesta en marcha que defiende Cabify incluye una entrada progresiva al mercado, en función de la demanda y la capacidad operativa de las empresas asociadas. La compañía argumenta que esta alternativa permitiría adaptar la oferta a las necesidades reales de movilidad de los ciudadanos, sin perjudicar la sostenibilidad financiera de los operadores actuales.
La Comunidad, según fuentes de la compañía, no ha aclarado públicamente los motivos que justifican la urgencia en la activación. Tampoco ha facilitado un plan de acompañamiento ni medidas que mitiguen los posibles efectos de una ampliación tan amplia de la flota operativa en tan poco tiempo.
Según un estudio elaborado por el centro de investigación Transyt de la Universidad Politécnica de Madrid y encargado por la propia plataforma, la región necesitaría entre 12.000 y 18.000 vehículos adicionales para equipararse a los niveles de oferta de transporte con conductor (taxis y VTC por cada 100 habitantes) de ciudades como Londres o París.
Desde Cabify insisten en que cumplirán con la puesta en marcha de los vehículos, pero reclaman "voluntad política" para facilitar un despliegue viable. "El objetivo debe ser mejorar la movilidad sin destruir el equilibrio actual", sostienen fuentes de la empresa, que desde hace meses negocia sin éxito un calendario de incorporación gradual con la Consejería.
La compañía ha recordado además que el retraso acumulado en la concesión de estas licencias ha supuesto un perjuicio económico tanto para ella como para sus socios, y advierte de que la fórmula elegida ahora podría provocar tensiones adicionales en el sector.
La situación ha reabierto el debate sobre el modelo de regulación del transporte urbano en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo referente al equilibrio entre taxis y VTC. El sector del taxi no se ha pronunciado aún sobre esta nueva concesión, pero se espera una reacción en los próximos días, dado el volumen de autorizaciones implicadas y el corto plazo fijado para su entrada en funcionamiento.