
La patronal Foment del Treball toma la iniciativa para enderezar el rumbo económico del Govern. En un comunicado, la asociación empresarial que preside Josep Sánchez Llibre ha afeado la política económica del ejecutivo liderado por Salvador Illa, que ha dicho que tiene "un fuerte componente intervencionista y falto del más elemental ejercicio de diálogo".
Para corregir esta situación, la patronal impulsará una comisión de trabajo con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament para proponer y valorar "mejoras en las políticas económicas y fiscales".
"La patronal catalana quiere promover una reacción política e institucional para restablecer el respeto a derechos fundamentales como son los derechos a la propiedad y el derecho de empresa", ha añadido.
Ha explicado que las reuniones con las formaciones políticas se iniciarán en las próximas semanas y se centrarán en "materias urgentes e importantes como son la fiscalidad y el acceso a la vivienda".
Impuestos "confiscatorios"
La organización ha puesto como ejemplo de la "asfixia premeditada sobre el empresariado" la duplicación de la tasa turística en todos los municipios de Cataluña y la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP).
"Si se multiplica por dos el gravamen del ITP con tipos confiscatorios del 20%, se vuelve todavía más difícil la transmisión del bien y, por tanto, el acceso a la vivienda. Constituye de facto una pena económica encubierta a los propietarios que optan por no alquiler sus inmuebles, sino venderlos", razona la patronal.
La asociación se muestra particularmente preocupada por las medidas de vivienda lanzadas por el Govern. Recientemente, el PSC ha suscrito un pacto con todas las fuerzas de izquierda catalanas (ERC, comunes y la CUP) que incluye aplicar el tope de precios a cualquier tipo de arrendamiento, incluido el temporal y de habitaciones.
"Hay una violación flagrante del derecho de propiedad cuando se plantea la limitación del aprovechamiento económico: los controles de alquiler impuestos en zonas tensionadas hacen imposible obtener una rentabilidad justa y proporcional con el valor de la vivienda por parte del propietario", aduce la entidad.
A principios de abril, Foment ya trasladó su malestar por esta medida, que aún debe validarse en el Parlament, en un comunicado conjunto con la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Reducción de la jornada
Por otro lado, Foment ha reiterado su rechazo a la reducción por ley de la jornada laboral y ha adelantado que planteará a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad, en un apunte en su cuenta de X.
"El diálogo social es uno de los grandes éxitos de la democracia española y no se puede violentar de esta forma", ha dicho, en respuesta al anuncio de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral.
Ha explicado que la enmienda a la totalidad permitiría evitar que la propuesta salga adelante y que "se siga priorizando el modelo de la negociación colectiva". Además, ha precisado que el 30% de los convenios firmados el año pasado son de menos de 37,5 horas semanales.