Barcelona
El acuerdo sobre vivienda suscrito entre PSC, ERC, los comunes y la CUP ha puesto en guardia al sector inmobiliario. Uno de los aspectos que más polémica suscita es la prórroga del plazo de calificación de las viviendas de protección oficial (VPO).
Pese a que esta medida solo se aplicaría en las zonas tensionadas, es decir, en aquellas donde rija el control del precio del alquiler —en Cataluña, esta situación afecta a municipios donde vive el 90% de la población—, los agentes del sector consideran que la iniciativa tiene visos de ilegalidad. Este 2025, la medida afectaría a unas 8.000 viviendas. La propia consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, planteó dudas sobre la juridicidad de esta prórroga.
En opinión de Carles Sala, portavoz de los agentes de la propiedad inmobiliaria (api) de Cataluña, esta prórroga "ya se planteó hace unos años y simplemente no se llevó a cabo porque era ilegal". El jurista considera que un acto administrativo no se puede modificar por esta vía y que "podría ser recurrido por vía ordinaria o llevado ante el Tribunal Constitucional".
El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, también ve falta de "apoyo legal". "Se trata de normativa estatal. Hablamos de viviendas acogidas a un plan estatal y no se puede ampliar con efecto retroactivo el periodo de protección oficial. La Generalitat no tiene potestad para ello", razona. Considera más complicado, eso sí, que un particular recurra esta medida, aunque abre la puerta a que la oposición plantee batalla ante el Constitucional.
Por otro lado, Sala considera que las medidas restrictivas sobre el alquiler de temporada y de habitaciones, que tendrán los mismos topes que el alquiler convencional, siguen la estela de otras medidas "intervencionistas" anteriores. "De hecho, este decreto ley se parece mucho al decreto ley 6/2024 impulsado por el Sindicat de Llogateres", apunta.
"Seguimos en la misma línea de hiperactividad legislativa. Llevamos 10 medidas con rango de ley en los últimos años, sin hablar con el sector privado, y la administración sigue creyendo que así solucionará la falta de acceso a la vivienda", resume.
Aprobación en verano
Por su parte, la patronal Foment del Treball, junto a la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, han alertado este miércoles sobre los efectos de la extensión del control de precios a todo tipo de arrendamientos.
"Esta medida, si se llega a implementar, supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad laboral, académica y social en Cataluña", razonan en un comunicado.
"Los arrendamientos temporales —generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda— responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional. Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta", sostiene el texto.
Las medidas anunciadas por el PSC y sus socios se tramitarán como proyecto de ley y se aprobarán previsiblemente en verano. Los comunes precisaron que antes de julio. En cualquier caso, la tramitación parlamentaria permitiría modificar algunos de los aspectos más criticados por los inmobiliarios.