Renfe desmonta el relato de Talgo sobre su disputa prejudicial por el retraso en la entrega de los trenes Avril. La operadora ferroviaria ha respondido a este periódico sobre la demanda de pago presentada por el fabricante, aclarando que el procedimiento monitorio no es un arbitraje y que la retención de 120 millones de euros llevada a cabo en diciembre podría ampliarse en otros 50 millones de euros más por lucro cesante.
Tal y como adelantó este medio, el fabricante de trenes solicitó recientemente el pago de 120 millones de euros pendientes de abono por parte de Renfe a través de un procedimiento monitorio, un mecanismo legal que permite exigir deudas de forma rápida. Sin embargo, la operadora pública sostiene que esta vía no tiene efectos reales, ya que no se cuestiona la existencia de la deuda, sino que se está compensando con la sanción establecida en el contrato.
"El procedimiento monitorio iniciado por Talgo tiene como único objetivo la reclamación del pago de facturas (crédito, líquido, vencido y exigible), conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este proceso no cuestiona la validez del crédito, sino que lo da por reconocido, por lo que no se trata de un arbitraje", explican desde Renfe.
Desde la empresa pública explican que el procedimiento iniciado por Talgo está encaminado a una vía muerta, ya que "Renfe no discute las facturas, sino que, en lugar de abonarlas, está aplicando una penalización prevista en el contrato mediante una compensación de crédito". En consecuencia, consideran que "en términos materiales, esta acción no reporta ningún beneficio a Talgo".
La sanción que define el futuro de Talgo
La sanción de 116 millones de euros impuesta a Talgo responde a los más de dos años de retraso en la entrega de los trenes Avril, renombrados como 'Serie 106'. Inicialmente, las unidades debían estar listas en enero de 2021 para entrar en servicio en verano de ese año. Sin embargo, tras modificaciones solicitadas, la fecha se pospuso a julio de 2022. Finalmente, los trenes comenzaron a entregarse en abril de 2024, lo que llevó a Renfe a ejecutar la sanción, confirmada el pasado mes de diciembre.
Además de la penalización ya ejecutada, la operadora recuerda que todavía sigue teniendo sobre la mesa la posibilidad de reclamar una indemnización adicional por lucro cesante, que podría ascender a 50 millones de euros. Este concepto responde a las pérdidas derivadas de no haber podido explotar comercialmente los trenes en los plazos previstos.
La disputa se produce en un momento clave para Talgo, que en sus últimos resultados anunció las mayores pérdidas de su historia debido a la provisión de la sanción. El conflicto también coincide con el proceso de compra del 29,8% de la compañía por parte del consorcio vasco liderado por Sidenor, operación que aún no se ha cerrado.
Moncloa se abre a aplazar el pago
Preguntado por este medio, Talgo evitó comentar nada sobre el proceso. En su última comunicación pública, la compañía insistió en que la penalización es "improcedente" y defendió su derecho a reclamar el pago. Con este nuevo capítulo, el enfrentamiento entre Renfe y Talgo sigue abierto y podría acabar en los tribunales si no hay acuerdo en las próximas semanas.
A pesar de todo, es posible que la sangre no llegue al río una vez se confirme la entrada del consorcio vasco formado por Sidenor, BBK, Vital y Finkatuz al accionariado del fabricante. La siderúrgica, que lidera el proceso, reclamó al Gobierno la retirada de todas las sanciones impuestas por Renfe una vez sellado el preacuerdo de compraventa con Trilantic, un proceso que contó con el férreo apoyo de Moncloa y el Gobierno Vasco.
Respondió de inmediato el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien confirmó que Renfe ya está estudiando fórmulas para aplazar o fraccionar el pago de esta multa, aunque descartó su retirada al estar sujeta a la normativa de contratos públicos.