Talgo ha citado a Renfe a un procedimiento monitorio para tratar de llegar a un acuerdo sobre la disputa relativa a la sanción de 117 millones de euros interpuesta como respuesta al retraso en la entrega de 30 trenes del modelo Avril que componen la serie 106 de la operadora ferroviaria. El fabricante consideró "improcedente" que la operadora retuviera el último pago del contrato que vincula a ambas partes por la fabricación de estas unidades, y que asciende a 120 millones de euros: los 116 millones correspondientes al 20% del valor total del contrato, y otras penalizaciones menores por otros pedidos de mantenimiento también demorados.
Por esa razón, ha abierto esta especie de arbitraje aprovechando la figura del procedimiento monitorio, reconocida en la ley, y que permite reclamar deudas dinerarias de forma rápida. En consecuencia, ha otorgado 30 días a Renfe para abonar el pago u oponerse al mismo dando las explicaciones oportunas sobre por qué ha ejecutado esa retención.
En caso de que no responda, Talgo ha comunicado a su cliente la intención de elevar el caso a los tribunales para recuperar el dinero. "Desde una perspectiva legal, no pueden pararlos", insistió. "Creemos firmemente que no tienen derecho a retener esos pagos bajo ninguna circunstancia", expresó el consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, en un reciente encuentro con analistas tras la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2024.
"En los últimos tres años nos hemos intercambiado cartas con Renfe. Al principio sólo pidieron información y les explicamos los problemas: el covid, el corte del suministro de materiales, la guerra de Ucrania, los días que pudimos testear los trenes... les entregamos un informe motivando por qué no deberían penalizarnos. Pero en agosto del 2024 cerraron su expediente y nos comunicaron que no estaban de acuerdo con los argumentos", explicó, para concluir que "las penalizaciones deberían ser cero", a su parecer.
El impago de esos 120 millones provocó que el fabricante ferroviario tuviera que declarar unas pérdidas de 107 millones, al provisionar la multa después de la comunicación de la compañía pública del pasado mes de diciembre donde informaba de su intención de ejecutar las penalizaciones fijadas en el contrato de adquisición de estos trenes, firmado entre ambas partes en 2015.
Talgo tomó la decisión de provisionar la multa tras hablar "con auditores y equipos legales de dentro y fuera, y concluimos que lo más prudente era hacer la provisión total, ya que antes era una situación remota, pero ahora es algo más probable", explicó el consejero delegado de la compañía.
En diciembre, cuando recibió la notificación de la multa y la dio a conocer al mercado, ya abrió la puerta a llevar la multa a los tribunales para proteger "los intereses de todos sus empleados, clientes, accionistas y demás grupos de interés". Preguntado por estos hechos, Talgo ha decidido no hacer comentarios.
A la espera de Sidenor
Justo hoy se cumple un mes desde que el consorcio vasco compuesto por Sidenor, las fundaciones bancarias BBK y Vital y el Gobierno Vasco anunciasen un preacuerdo para comprar el 29,8% de Talgo en manos del fondo británico Trilantic por unos 184,3 millones de euros. Sin embargo, pasan los días y el acuerdo definitivo sigue sin llegar.
Según informó ayer El Confidencial, la demora en la transacción se debería a que Sidenor, que actúa como portavoz del consorcio, habría pedido garantías a los grandes bancos españoles y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para refinanciar la deuda de la compañía y reconfirmar las líneas de avales que tiene activas por más de 1.200 millones de euros, y que