
Baleares prometió unas medidas "valientes y consensuadas" para poner límites al turismo masivo y hoy las ha anunciado. Entre las principales novedades que el Ejecutivo de Marga Prohens quiere implantar en las islas de cara a este verano se encuentra la subida de la tasa turística hasta los seis euros por persona y noche y la creación de un nuevo impuesto verde a los coches de alquiler y particulares que no estén empadronados. Asimismo, se busca ampliar hasta los 500.000 euros las multas a los pisos turísticos que operen sin licencia.
La batería de medidas para fomentar el turismo sostenible, que ha sido presentada este viernes por el conseller de turismo, Jaume Bauzá, y por el portavoz del ejecutivo, Antoni Costa, tendrá que ser negociada con el resto de grupos parlamentarios para poder ser aprobada mediante un decreto ley en el Parlament balear.
"Las islas han llegado a su límite", ha remarcado Bauzá, que ha cifrado en 125.000 las plazas hoteleras y de alquiler vacacional creadas bajo el último Govern de izquierdas, casi una cuarta parte del total. Por ello, el ejecutivo balear ha impulsado como medida principal que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, se incremente hasta un 200% para regular el flujo de visitantes y se subirá particularmente sobre los cruceristas porque son un sector de mayor "impacto".
En concreto, la ecotasa pasará de dos a cuatro tramos: en el tramo que comprende enero y febrero, el impuesto se reduce a cero, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumenta de 1 a 2,5 euros el tramo más bajo y de 4 a 6 euros noche el tramo más alto. En estos meses, para los cruceros que atracan en las islas pasa de 2 a 6 euros/noche. En los meses de mayo, septiembre y octubre y en marzo, abril, noviembre y diciembre se mantienen las diferentes cuotas vigentes hasta la fecha.
Asimismo, el Govern plantea que los residentes de Baleares que pagan la ecotasa por alojarse en establecimientos del archipiélago puedan deducirse hasta 250 euros anuales en el tramo autonómico del IRPF.
El Ejecutivo de Prohens propone modificar por ley los fines previstos para la recaudación del tributo para, además de priorizar las inversiones en sostenibilidad y modernización, financiar también otras medidas para luchar contra la oferta ilegal y medidas de bienestar laboral, tales como la renovación de contratos fijos discontinuos en contratos fijos indefinidos.
Impuesto a vehículos vacacionales
También se plantea crear un nuevo impuesto a vehículos vacacionales "para compensar el impacto de las emisiones" y cuya recaudación iría destinada a inversiones en transporte público. En caso de ser aprobado, se formulará mediante un proyecto de ley.
Este nuevo impuesto se aplicará tanto a vehículos particulares que circulen de forma temporal inferior a seis meses, cuyos titulares pagarían el gravamen a la naviera que los transporte al archipiélago, como a vehículos de alquiler sin conductor que no consten en los registros de vehículos no turísticos, que pagarían las empresas.
Según ja explicado el portavoz Costa, el plan propone dividir este impuesto en una aportación fija y una parte variable en función de las emisiones de CO2 y el tiempo de estancia, con un coste total que iría de 35 a 150 euros por vehículo.
A modo de ejemplo, una persona que desde la península viajara a Mallorca un fin de semana con un turismo de gama media pagaría 50 euros de impuesto.
Costa ha definido esta medida como pionera en España y Europa, aunque el portavoz ha adelantado que si no cuenta con el visto bueno de los agentes económicos y sociales, "ni siquiera será redactado el decreto". El conseller ha señalado que tiene un borrador, pero que está "en fase muy incipiente".
Multas de hasta 500.000 euros
La batería de medidas contempla, además, prohibir un nuevo alquiler vacacional en edificios plurifamiliares (ya vetado en municipios como Palma), así como elevar las exigencias de calidad para renovar las licencias ya concedidas.
El Govern reactiva el intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda a la espera de que los Consells insulares fijen el techo de plazas y la capacidad de carga para levantar la moratoria, al tiempo que se creará una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.
Este plan también intensificará la lucha contra la oferta ilegal. Así, será obligatorio que los portales comercializadores exijan el número de registro del alojamiento a comercializar, a la vez que se responsabilizará de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras. Las multas se ampliarán un 25%, hasta los 500.000 en los casos más extremos.
No obstante, se prevé una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre que estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado, en cuyo caso, el beneficiario de la renta será la administración.
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