Valencia
Un informe pericial no es una sentencia judicial y así lo acaba de dejar claro la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) después de que durante semanas se haya intentado extender la sombra de una paralización judicial sobre las obras para la futura macroterminal de contenedores del Puerto de Valencia,
El tribunal ha rechazado suspender cautelarmente el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia de diciembre de 2022 por el que se aprueba el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Una actuación que de hecho ya se adjudicó hace unos meses por un importe de 592 millones de euros y cuyas obras están en marcha.
Los magistrados han desestimado así la solicitud presentada el pasado 27 de enero por la organización Acció Ecologista Agró, que se opone a la ampliación del mayor puerto de España en tráfico de contenedores y que había presentado un dictamen pericial que consideraba que debía volver a tramitarse la Declaración de Impacto Ambiental tras años de tiras y afloja entre las propias administraciones y los distintos partidos políticos.
En su auto, la Sala entiende que la petición se sustenta exclusivamente en un dictamen pericial, que rebate la Administración demandada y que ha de ser valorado por el Tribunal "una vez efectuadas las aclaraciones al mismo ya planteadas, en contraste con los demás elementos de prueba".
Los argumentos
Según recoge, la valoración de ese dictamen pericial "habrá de acometerse más adelante", pero "en lo tocante a la pertinencia o no de la suspensión cautelar poco o más bien nada ilustra a la Sala, en tanto que versa sobre cuestiones de fondo". El Tribunal recuerda que el asunto presenta una "indudable complejidad", como demuestra el montante económico de las obras, con un presupuesto base de ejecución de más de 660 millones de euros.
Igualmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso asegura que la pretensión cautelar "no aborda la ponderación de los intereses en conflicto" y que esa valoración "mal podría conducir a la satisfacción de la medida cautelar, ante "la envergadura de la obra portuaria de ampliación de uno de los puertos más importantes del mar Mediterráneo".
Los magistrados destacan las consecuencias económicas que conllevaría una eventual suspensión cautelar del proyecto y que están recogidas detalladamente en un informe técnico suscrito por el jefe de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Valencia.
