Barcelona
La economía de Barcelona sufriría un duro revés con la eliminación de los pisos turísticos que persigue el ayuntamiento de la capital catalana. Según un estudio elaborado por PwC y encargado por Apartur, las viviendas de uso turístico riegan la Ciudad Condal con 1.928 millones de euros al año, sumando el impacto económico directo, indirecto e inducido. Esta cifra equivale al 1,9% del PIB local y supera las estimaciones iniciales del sector, que hablaban de un impacto económico de 1.555 millones.
Por cada euro generado a través de las viviendas de uso turístico se generan 3,5 euros en el conjunto de la economía. El informe recoge que la contribución indirecta e inducida de los pisos turísticos en la restauración es de 331 millones de euros, seguida por el comercio minorista (181 millones) y el ocio y la cultura (134 millones).
El documento, que cuenta con el apoyo de entidades como Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració de Barcelona, también sostiene que la ocupación de Barcelona se nutre de 40.340 empleos, el 3,5% del total, generados directa o indirectamente por los apartamentos. Tan solo de forma directa se crean 9.140 puestos de trabajo.
Sin relación con el alquiler
Por otro lado, el estudio de PwC concluye que no existe ninguna vinculación entre la vivienda de uso turístico y el incremento del precio de los pisos en Barcelona, un argumento esgrimido por el consistorio para justificar la abolición de los apartamentos.
Mientras que el precio del alquiler por metro cuadrado en la capital catalana se ha incrementado un 72% en la última década, el parque de pisos turísticos sólo ha crecido un 2,2% debido tanto a la erradicación de la oferta pirata como a la congelación de nuevas licencias.
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que a partir de 2029 aplicará un veto a los pisos turísticos en la ciudad. Actualmente, hay 10.101 inmuebles turísticos legales en la metrópolis, casi el 40% de plazas turísticas disponibles, cuyas licencias no serán renovadas a finales de 2028 de acuerdo con los planes comunicados por el alcalde Jaume Collboni.
Aunque está por ver si la prohibición total del ayuntamiento llega a buen puerto. Por un lado, tanto la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA), que agrupa a operadores como Airbnb, como Federatur handenunciado ante la Comisión Europea el decreto ley de 2023, aprobado durante la etapa de Pere Aragonès (ERC), que regula las viviendas turísticas en Cataluña. Lo han hecho amparándose en la llamada directiva Bolkestein, que se creó para levantar las trabas administrativas para el ejercicio de las actividades económicas en los países de la Unión. Además, el PP ha llevado ante el Tribunal Constitucional la misma norma y su recurso ha sido admitido a trámite.